Paritarias en tensión: el Ejecutivo defiende el 2% y relativiza el rechazo de los gremios

La negociación paritaria en San Antonio de Areco atraviesa un nuevo momento de tensión tras el rechazo de los tres gremios a la última propuesta salarial del Ejecutivo, presentada el pasado 26 de abril, y que este martes recibió una respuesta negativa formal por parte de las organizaciones sindicales. La oferta contempla un incremento del 2% mensual con carácter remunerativo.

Desde el gobierno local, el jefe de Gabinete, Miguel Amadeo, defendió la oferta en términos de sustentabilidad fiscal y la enmarcó dentro de un esquema más amplio que incluye pases a planta, recategorizaciones y correcciones sectoriales. Sin embargo, sus declaraciones dejaron entrever una mirada que no solo apunta a justificar la propuesta, sino también a reinterpretar el rechazo sindical.

Una oferta “posible” frente a demandas “inviables”

Amadeo sostuvo que el planteo gremial -que ronda el 4%- es directamente impracticable.

“Es absolutamente inviable… eso es llevarnos a un lugar donde no podamos pagar los sueldos”, afirmó.

Desde esa lógica, la propuesta oficial aparece presentada como el límite de lo que el municipio puede sostener sin comprometer su funcionamiento. El argumento se apoya en la necesidad de equilibrar múltiples variables: masa salarial, presupuesto, actividad económica y obligaciones corrientes.

Sin embargo, en ese mismo esquema, el aumento ofrecido queda diluido en una construcción más amplia, donde el Ejecutivo incorpora otros elementos como parte de la negociación, no necesariamente vinculados al ingreso directo de los trabajadores.

Uno de los puntos más tensos surge en torno a los reclamos históricos de los trabajadores.

Amadeo destacó la decisión de avanzar sobre el personal de maestranza como una iniciativa propia del Ejecutivo, enmarcada en una revisión técnica de distorsiones salariales. Sin embargo, ese punto aparece en tensión con lo que distintos sectores vienen señalando desde hace años. “Los sindicatos no pedían eso… fue una decisión nuestra”, planteó.

La afirmación introduce una disputa menos visible pero central: quién impulsa los cambios y quién se apropia de ellos.

En esa misma línea, el funcionario también puso en valor la política de pases a planta, señalando que se trata de los más ordenados desde el retorno democrático, en contraste con gestiones anteriores en referencia al ex intendente Durañona “que un mes antes de irse pasó a planta a muchísima cantidad de personas con el solo efecto de complicarle el parto al gobierno que venía”, dijo el jefe de Gabinete.  

Más allá del contenido económico de la oferta, el análisis del Ejecutivo avanzó sobre el comportamiento de los gremios.

Ante el rechazo conjunto, Amadeo relativizó la unidad sindical y la interpretó como parte de una dinámica interna.

“Muchas veces hay una competencia intragremial para no quedar afuera de una propuesta para que no sean criticadas después”, sostuvo.

La explicación, lejos de detenerse en los argumentos de los trabajadores, introduce una lectura política del rechazo, vinculada a posicionamientos y posibles costos públicos. 

En ese contexto, incluso se desliza una interpretación sobre los motivos del acompañamiento de algunos gremios, que no necesariamente respondería -según esa mirada- a la discusión salarial en sí.

Amadeo valoró la continuidad de las negociaciones y sostuvo que el hecho de que las paritarias sigan abiertas es, en sí mismo, un aspecto positivo.

Sin embargo, hacia el final de su intervención, dejó una definición que complejiza ese escenario.

Por un lado, señaló que la propuesta no será impuesta por decreto.
Pero, al mismo tiempo, anticipó que el aumento ofrecido se implementará independientemente de que haya o no acuerdo. “Lo que ofrecimos, que es lo que podemos pagar, lo vamos a sacar”.

La frase deja planteado un punto de tensión evidente entre la negociación formal y la decisión efectiva.

La paritaria en Areco no parece reducirse a una discusión numérica.

Entre argumentos fiscales, reclamos históricos, lecturas políticas y formas de gestión, el conflicto se mueve en varios planos al mismo tiempo.

Mientras el Ejecutivo plantea límites económicos y orden administrativo, los gremios rechazan una oferta que consideran insuficiente en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

Cuando una negociación se presenta como abierta pero las decisiones ya parecen definidas, la discusión deja de ser solo sobre cuánto se paga y empieza a girar en torno a cómo -y desde dónde- se construye el acuerdo.