ESPECIAL/2023-2026: tres años advirtiendo sobre una bomba que terminó explotando
por Jimena Ruiz
Del caso Daiana a las denuncias de pacientes, de los Boletines Oficiales a la violencia dentro del Hospital Zerboni. Una reconstrucción de tres años de señales ignoradas que hoy obligan a una pregunta incómoda: ¿quiénes sabían y qué hicieron para evitar llegar hasta acá?
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“Lo ocurrido en el hospital expuso una realidad que ya no puede ocultarse”.
La frase fue difundida este fin de semana por las autoridades del Hospital Emilio Zerboni luego de los graves episodios de violencia registrados en el área de Salud Mental. Si bien la nota no tiene nombres se supone que al decir “directivos” se trata de Santiago Calabrono y Verónica Sánchez.
Trabajadores heridos. Pacientes autolesionados. Corridas. Intervención policial. Un sistema completamente desbordado.
Pero la frase encierra algo más profundo.
Porque si esa realidad “ya no puede ocultarse”, significa que existía antes.
Y si existía antes, la pregunta es inevitable: ¿Quién sabía y qué hizo para evitar llegar a este punto?
La respuesta ya no alcanza solamente al Hospital pero las autoridades mencionan a la sociedad en general, a Desarrollo Social y dispositivo de adicciones en particular, entre otros sectores.
Es importante destacar, que esta situación no es nueva y se denuncia hace muchos años: ¿Qué cambió ahora que hacen público un comunicado?
Ni siquiera lo hicieron cuando una paciente de salud mental denunció a esas mismas autoridades, un abuso sexual en el área, incentivado por un empleado de la empresa de seguridad contratada y perpetrado por un enfermero. ¿Qué sucedió con eso y por qué no figura en ningún boletín oficial?
Este caos de salud, alcanza también a quienes tuvieron durante años la responsabilidad política y sanitaria de conducir el sistema. Entre ellos, el secretario de Salud, Fernando Spina que parece dar sólo declaraciones sobre lavarropas.
Se supo que el bloque de concejales de Unión por Areco pedirá una sesión extraordinaria para tratar este tema y podría pedirse la interpelación del secretario de Salud. ¿Serán escuchados?. Por que si hay algo que sabe hacer este gobierno es callarse o no atender ante situaciones que no sabe, no puede o no quiere manejar.
Porque las actuales autoridades hospitalarias podrán argumentar que heredaron problemas estructurales. Lo que resulta más difícil de explicar es cómo una crisis que hoy se reconoce públicamente pudo crecer durante años sin que aparecieran respuestas concretas.
Las advertencias estaban ahí
La crisis de Salud Mental no comenzó este fin de semana.
Tampoco comenzó este año.
En 2023, Boscoproducciones publicó una investigación que advertía sobre pacientes dados de alta sin dispositivos adecuados de acompañamiento, familias desbordadas y una red de contención insuficiente.
Dos años después, las preguntas seguían siendo las mismas.
En 2025 este medio volvió sobre el tema y planteó un interrogante que hoy resulta imposible ignorar: ¿inoperancia, indiferencia o abandono?
Mientras tanto, las advertencias se acumulaban.
Familias que pedían ayuda.
Trabajadores que alertaban sobre situaciones cada vez más complejas.
Especialistas reclamando dispositivos alternativos.
Organizaciones comunitarias intentando participar.
Y propuestas concretas de madres que nunca lograron transformarse en políticas públicas sostenidas.
Su historia atravesó a toda la comunidad y obligó a discutir públicamente las limitaciones del sistema.
Pero sería un error creer que todo comenzó allí.
Daiana fue el caso que logró romper el silencio público.
Antes y después de ella hubo otras historias.
Hubo otras familias.
Hubo otros pacientes.
Hubo otros pedidos de ayuda.
Hubo internaciones.
Hubo crisis.
Hubo intentos de suicidio.
Hubo suicidios.
Hubo personas que atravesaron situaciones extremas mientras sus familias reclamaban respuestas.
La diferencia es que pocas veces esas historias lograron trascender las paredes del hospital.
El hospital no puede seguir solo
En la carta difundida este fin de semana, las autoridades sostienen que el hospital no puede seguir solo.
Probablemente tengan razón.
Ningún hospital puede resolver en soledad consumos problemáticos, intentos de suicidio, crisis psiquiátricas, abandono social y situaciones de extrema vulnerabilidad.
Pero entonces aparece otra pregunta.
Si el hospital estaba solo, ¿por qué durante años se les cerró la puerta a quienes intentaban ayudar?
¿Por qué las máximas autoridades del gobierno jamás participaron de los Congresos de Salud de la Región Sanitaria IV a la que pertenecemos?
Integrantes de la Pastoral de la Salud vinculada a la prevención del suicidio que intentaron colaborar hace años en este tema, encontraron obstáculos para ingresar al hospital hasta que este año abrieron las puertas del Concejo Deliberante por orden del Intendente Ratto. Es curioso.
Hubo especialistas.
Hubo organizaciones.
Hubo vecinos.
Hubo propuestas.
Hubo advertencias.
Lo que faltó fue decisión política para construir una red que acompañara al sistema sanitario.
Los documentos también hablaban
Mientras públicamente se repetía que los problemas eran episodios aislados, los propios documentos oficiales mostraban otra realidad.
En el Boletín Oficial N.º 678/2026 se publicaron actuaciones administrativas iniciadas a partir de denuncias realizadas por pacientes internadas en el área de Salud Mental contra el agente municipal Guillermo Roberto Amoroso. Las actuaciones describen acusaciones de contenido sexual formuladas por personas bajo cuidado del Estado y derivaron en una imputación administrativa formal.
No eran rumores.
No eran comentarios de pasillo.
Eran expedientes.
Y aun así las preguntas siguieron acumulándose.
¿Qué medidas concretas se adoptaron para proteger a las pacientes?
¿Qué controles se reforzaron?
¿Qué cambió después de conocerse esas denuncias?
El abuso sexual denunciado y la situación de la testigo
A esa secuencia se suma otro episodio de extrema gravedad.
Existe una causa vinculada a una denuncia por abuso sexual ocurrida dentro del ámbito hospitalario que involucra, según la investigación judicial, a un enfermero señalado como autor material y a un empleado de la empresa de seguridad privada mencionado en calidad de partícipe o facilitador.
Pero incluso allí aparece otra pregunta inquietante.
Según pudo reconstruir este medio, una de las personas que habría sido testigo de esos hechos era una paciente internada en Salud Mental. Posteriormente atravesó una situación crítica y, de acuerdo con distintas fuentes consultadas, continúa siendo convocada para prestar declaración en el marco de la causa.
La pregunta excede lo judicial.
¿Se evalúa adecuadamente la situación de vulnerabilidad de una persona antes de exponerla reiteradamente a revivir hechos traumáticos?
¿Existen dispositivos de acompañamiento específicos para una testigo que además atravesó una internación en Salud Mental?
¿Quién protege a quienes se encuentran en una situación de extrema fragilidad mientras colaboran con la Justicia?
Porque detrás de los expedientes existen personas.
Y en este caso se trata de una persona cuya vulnerabilidad era conocida por el propio sistema.
Los nombres que nadie explica
La aparición del nombre de Aquiles Schmidhalter abre además otro interrogante institucional.
Según documentación judicial pública, Schmidhalter cumplió una condena de cinco años por abuso sexual con acceso carnal, una de las figuras más graves previstas por el artículo 119 del Código Penal. Fuentes aseguran que el mencionado empleado fue contratado en la gestión del Dr. Durañona en la cuadrilla de Servicios Públicos tras recuperar su libertad.
La pregunta ya no es únicamente sobre una persona.
La pregunta es sobre los mecanismos de control.
¿Se solicitaron antecedentes penales al momento de su incorporación?
¿Quién evaluó esa incorporación?
¿Qué criterios se utilizan para asignar personal a sectores vinculados a pacientes atravesados por consumos problemáticos, intentos de suicidio o crisis psiquiátricas?
¿Existe un protocolo específico para esos casos?
Y si existe, ¿se cumplió?
Porque cuando la propia conducción del hospital reconoce que la situación se volvió inmanejable, también resulta legítimo revisar cada una de las decisiones que contribuyeron a construir esa realidad.
Entonces resulta legítimo preguntar:
¿Se verifican antecedentes penales cuando se asigna personal a sectores sensibles?
¿Quién toma esas decisiones?
¿Quién las supervisa?
¿Quién evalúa los riesgos?
Porque cuando se trata de pacientes atravesados por consumos problemáticos, intentos de suicidio o crisis psiquiátricas, la exigencia de control debería ser máxima.
Y si existen protocolos para la selección de personal, este parece ser el momento indicado para que la comunidad los conozca.
Ojalá tengamos que publicar una rectificación mañana. Ojalá estemos equivocados. Ojalá exista otro Aquiles Schmidhalter y todo esto sea una confusión. Pero si no es así, entonces alguien deberá explicar cómo se toman determinadas decisiones dentro de un sistema que hoy reconoce públicamente una crisis que ya no puede ocultarse.
El marco legal que prohíbe su contratación
- Ley Provincial N.º 14.656 (Estatuto de Empleo Municipal de Buenos Aires)
- Esta ley rige de manera obligatoria para los 135 municipios de la provincia, incluido San Antonio de Areco. En su sección de ingresos, es categórica sobre quiénes quedan excluidos de la función pública
- Artículo 3º (Inhabilidades): Determina taxativamente quiénes no podrán ingresar a la Administración Municipal.
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- Inciso b): Excluye de manera explícita a “el que se encuentre condenado y/o con antecedentes penales vigentes”. También inhabilita a quien esté imputado por un delito doloso hasta que se resuelva su situación procesales.
- Consecuencia posterior (Artículo de Incompatibilidad): Si la situación de condena o inhabilitación penal es comprobada de forma posterior al ingreso de la persona, la ley establece que es causa automática para el cese inmediato de las funciones o la revocación del nombramiento.
Cuando todo terminó explotando
Las fuentes consultadas por este medio describen una noche caótica dentro del Hospital Zerboni.
Pacientes escapando.
Pacientes regresando.
Autolesiones.
Agresiones.
Personal herido.
Puertas derribadas.
Intervenciones policiales.
Y un sistema incapaz de recuperar el control durante varias horas.
ATE denunció la situación.
La Dirección del Hospital emitió un comunicado extraordinario.
Y por primera vez en mucho tiempo, todos comenzaron a hablar de Salud Mental.
No obstante ello, la pregunta que sigue pendiente.
Durante años la discusión giró alrededor de recursos, profesionales, camas disponibles y presupuestos.
Hoy la pregunta es mucho más profunda.
La comunidad ya no se pregunta solamente si faltan recursos.
Empieza a preguntarse si el sistema estuvo realmente preparado para proteger a quienes más lo necesitaban.
Y la respuesta sale sola: NO
La verdadera noticia de este fin de semana no es la pelea, solamente, sino es que después de tres años -o más- de advertencias, denuncias, investigaciones, expedientes, tragedias y reclamos, las propias autoridades terminaron reconociendo públicamente que existe una realidad que ya no puede ocultarse.
Por eso la pregunta más importante no es qué pasó el sábado.
La pregunta es qué pasó durante todos los años anteriores.
Porque las advertencias existían.
Las denuncias existían.
Los expedientes existían.
Las familias existían. Y existen.
Los pacientes existían. Y existen.
La crisis existía. Y existe.
Y ahora, finalmente, ya nadie puede decir que no la vio venir.
