Tras la pérdida de Daiana, su madre rompe el silencio: “No les pedía un favor. Les pedía que cumplan con la ley”
La historia de Daiana expone crudamente un sistema que, lejos de amparar, multiplica las violencias sobre quienes padecen problemas de salud mental y adicciones. Durante años, su madre recorrió fiscalías, juzgados, municipios y hospitales para pedir que se cumpla lo que la propia Ley Nacional de Salud Mental establece: que cuando existe riesgo para sí o para terceros, la internación es un recurso terapéutico válido y un derecho. Sin embargo, esa herramienta nunca se aplicó. En la práctica, la ley quedó en letra muerta y Daiana fue empujada al abandono.
Lo que aparece con nitidez es un circuito de instituciones que se pasan la responsabilidad de un lado a otro, diluyendo la urgencia hasta convertirla en omisión. Mientras la Justicia señalaba que la decisión dependía del equipo de salud mental, el equipo se excusaba en los jueces. Y así, una joven que pedía ayuda explícita fue estigmatizada, maltratada y finalmente invisibilizada. El estigma de la “adicta” funcionó como coartada para no escucharla, para restar valor a sus palabras, para negar la intervención que la ley ordena.
En San Antonio de Areco, el desempeño del equipo de salud mental quedó marcado por la desidia: guardias que no respondieron, derivaciones que nunca llegaron, responsabilidades que nadie asumió. La muerte de Daiana no es un hecho aislado ni una tragedia privada: es el resultado directo de un Estado que abandona, de una ley que no se revisa ni se cumple, y de un sistema que sigue condenando a quienes más necesitan cuidado. Hablar de salud mental es hablar de vidas. Y cuando el Estado no escucha, esas vidas se pierden.
TESTIMONIO DE LILIANA ONZARI, MADRE DE DAIANA:
