Editorial | El alta es una sentencia de abandono

⏳ Tiempo estimado de lectura: 5 minutos

Una mujer de 37 años se suicidó esta semana en San Antonio de Areco. Había pasado varias veces por el hospital. Ingresaba voluntariamente, pedía ayuda, se iba sola. No tenía contención. No tenía red. No tenía un Estado que pudiera verla más allá de la ficha de admisión. La mayoría de edad fue su condena.

Porque eso es lo que no se dice: que el sistema de salud mental expulsa a quienes cumplen los 18. Y no porque estén curados, sino porque no hay dónde ponerlos. No hay equipos para sostenerlos. No hay casas de medio camino, no hay hospitales de día, no hay presupuesto. Solo hay leyes pensadas en escritorios, sin territorio.

La Ley de Salud Mental establece que nadie puede ser internado contra su voluntad salvo casos extremos. Pero, ¿acaso este no era un caso extremo? ¿Quién lo define? ¿Quién toma esa decisión en un hospital sin guardia psiquiátrica? La última palabra suele quedar en manos de un psicólogo de planta o de un médico clínico, muchas veces sin formación específica ni respaldo institucional. No hay equipos interdisciplinarios, no hay red. Hay personas solas frente a pacientes solos.

Esta productora dialogó con el secretario de Seguridad, Ramón Ojeda. Fue el único funcionario que dio la cara. Y todo indica que es él quien intenta contener el desastre que el área de Salud ni siquiera se anima a nombrar. Mientras Salud calla, Ojeda detalla que la joven entraba y salía del hospital, que ocupaba un lugar abandonado, que era buscada cada vez que desaparecía.

¿Y el municipio, la provincia, el ministerio? Silencio. Como si el problema desapareciera al no nombrarlo. Como si el paciente fuera la carga, no el sistema. Como si el estigma justificara el costo de soltarlo.

Porque el estigma existe. La discriminación existe. Y existe también un discurso implícito que transforma a los pacientes adultos en sujetos “autónomos”, aunque muchos no puedan tomar decisiones básicas porque su voluntad esta quebraba.  Personas que no cumplen con los criterios de internación involuntaria quedan fuera del sistema. Literalmente, quedan afuera.

Y así, sin herramientas y sin presupuesto, Areco vive una crisis: el suicidio puede prevenirse —muchas veces— si existiesen políticas públicas reales, con estructura y compromiso municipal. Se necesitan estrategias de acompañamiento, dispositivos de contención, intervenciones sostenidas más allá de una internación fugaz.

Las cifras lo confirman. Entre abril de 2023 y abril de 2025 se registraron más de 15.800 intentos de suicidio en Argentina, un promedio de 22 por día. Y se estima que ocurren al menos 11 suicidios diarios en el país.

El sistema de salud mental en Areco está absolutamente desbordado y precarizado. Y la mayoría de edad no es una garantía de autonomía: en muchos casos, es el límite que el Estado impone para desentenderse aferrados a una ley que nadie tener más ganas de discutir.

La calle, la vivienda improvisada, las recaídas, los intentos, no figuran en las estadísticas locales, pero matan.

Lo que debería ser un beneficio para San Antonio de Areco –contar con representantes locales en los niveles más altos del sistema sanitario- se ha convertido en un vacío absoluto.

Areco tiene concejales que responden al oficialismo local (Juntos por Areco) que no han presentado ni un solo proyecto. Y tiene concejales de Unión por Areco que sí los presentan, pero se quedan esperando respuestas que nunca llegan.

Además, Areco tiene representación directa en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. El concejal Agustín López es jefe de gabinete de la Dirección General de Hospitales bonaerenses. Y el Dr. Juan Riera —exsecretario de Salud del municipio— hoy ocupa el cargo de director provincial de Hospitales, con línea directa al gobernador.

¿Y qué hacen por Areco? No lo sabemos. Pero mientras tanto, el sistema de salud mental se cae a pedazos. 

Areco no necesita solamente operativos de control de presión en las plazas. Necesita decisiones. Presencia real en el territorio. Acciones concretas para abordar una problemática que crece en silencio: cada vez más personas muy jóvenes están en tratamiento, medicadas, internadas o en riesgo.

La responsabilidad no es de un expediente. Es estructural. Es política. Es moral. Porque cuando el sistema abandona a quien no puede pedir ayuda, lo que firma no es un alta médica. Es una sentencia.

Y esa sentencia, en Areco, tiene nombre. Tiene rostro. Tiene familia. Y duele.