Areco Plaza: documentos, rellenos y una disputa que sigue creciendo

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La discusión por Areco Plaza volvió a escalar después de la sesión extraordinaria en la que el oficialismo rechazó el pedido de interpelación impulsado por Unión por Areco. Pero detrás del cruce político aparecieron además documentos técnicos y administrativos a los que accedió Boscoproducciones y que exponen cómo distintas instancias de autorización todavía seguían en trámite mientras el emprendimiento avanzaba sobre el predio del ex Sembrador.

Los documentos a los que accedió Boscoproducciones

Entre la documentación aparece una prefactibilidad hídrica emitida por la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires el 15 de abril de 2026, vinculada al abastecimiento de agua para el desarrollo comercial.

El expediente corresponde a MKG RED S.R.L. y deja asentado que la certificación forma parte de una etapa exploratoria y de evaluación vinculada al uso del recurso hídrico.

El dato político y administrativo es otro: la fecha del documento. Para ese momento, los movimientos de suelo y los rellenos en el predio ya estaban avanzados y el conflicto vecinal llevaba meses instalado en la agenda pública.

Boscoproducciones también accedió a un certificado de factibilidad sanitaria emitido por SANEAR en octubre de 2024. Allí se otorga viabilidad al desarrollo “con condicionamientos” y se aclara expresamente que no podían iniciarse obras sin aprobación de la prestadora.

La documentación vuelve a poner el foco sobre una de las principales críticas opositoras: el avance de trabajos y movimientos de suelo mientras distintas autorizaciones técnicas todavía seguían formando parte del expediente administrativo.

La pregunta que empieza a atravesar el conflicto político y vecinal es inevitable: ¿el emprendimiento avanzó sobre el predio del ex Sembrador antes de contar con todas las autorizaciones y permisos necesarios?

El rechazo a la interpelación

Con ese trasfondo documental, el rechazo del oficialismo (incluida la U.C.R) al pedido de interpelación impulsado por Unión por Areco volvió a tensar la discusión alrededor de Areco Plaza, el emprendimiento que desde hace meses enfrenta cuestionamientos vecinales por los rellenos y el posible impacto hidráulico en una zona históricamente afectada por inundaciones.

Tras la sesión extraordinaria convocada para debatir el tema, el concejal Ramiro Ramallo cuestionó con dureza al oficialismo y al radicalismo por no acompañar el pedido opositor y sostuvo que el reclamo de los vecinos inundados sigue sin encontrar respuesta dentro del Concejo Deliberante.

Según explicó, durante el debate ingresó un estudio técnico que sostiene que la zona donde se desarrolla el emprendimiento no es inundable, algo que desde la oposición consideran contradictorio con lo ocurrido históricamente en el lugar.

En ese marco, también mencionó un informe del agrimensor Caldera que detectó sectores con alturas de entre 30 y 50 centímetros por encima del cordón de la vereda, uno de los puntos centrales dentro de la discusión por los rellenos.

La calle 17 de Agosto y el excedente cedido

Ramallo volvió además sobre otro de los ejes del conflicto: la continuidad de la calle 17 de Agosto.

Recordó que existe una ordenanza aprobada en 2014 que contemplaba la apertura de esa traza y cuestionó que el excedente donde debía ejecutarse haya sido cedido al emprendimiento sin contemplar esa normativa previa.

El concejal también rechazó las versiones que daban por resuelto el impacto ambiental e hidráulico del proyecto y sostuvo que las autorizaciones provinciales todavía no estaban completamente cerradas mientras los trabajos ya se encontraban en marcha.

“Que el intendente Ratto venga y caminemos el lugar con los vecinos”, planteó, al insistir en que el nivel de los rellenos puede observarse directamente recorriendo el predio.

La defensa del Ejecutivo

La controversia alrededor de Areco Plaza se arrastra desde hace meses y tuvo uno de sus primeros puntos de mayor tensión cuando el Ejecutivo municipal salió a defender técnicamente el proyecto tras las críticas por el relleno del predio del ex Sembrador.

En ese momento, la secretaria de Planificación y Obras Públicas, Florencia Mallo, aseguró que la intervención se ajustaba a la normativa vigente y explicó que el nivel permitido surge del Código de Ordenamiento Territorial.

Según detalló, el terreno sólo puede elevarse hasta 20 centímetros por encima del cordón cuneta y los controles realizados por el municipio indicaron que la obra debía adecuarse a ese parámetro.

En la misma línea, el jefe de Gabinete Miguel Amadeo sostuvo que el predio se encuentra fuera del polígono de restricción hidráulica definido por el Código de Ordenamiento Territorial, por lo que no tendría impedimentos normativos para desarrollar el proyecto.

Sin embargo, el conflicto nunca logró desactivarse.

El punto más sensible: el agua

Las explicaciones oficiales no lograron convencer a los vecinos afectados por las anegaciones de los últimos años, quienes volvieron a cuestionar los rellenos y la falta de estudios ambientales concluyentes.

El eje del reclamo apunta a otra discusión: aunque el predio no integre formalmente el polígono de restricción hidráulica, distintos sectores sostienen que sí se trata de una zona alcanzada por el agua durante eventos de crecida.

Fabián Calabrono, uno de los vecinos inundados, meses atrás, planteó dudas sobre el impacto que puede tener la obra frente a futuras lluvias intensas.

“Quiero que me expliquen dónde va a ir el agua que antes ocupaba ese terreno”, sostuvo al recordar que durante la inundación de 2009 el lugar acumuló varios centímetros de agua.

Vecinos del barrio Don Pancho también pusieron en duda la versión oficial y aseguran que el nivel del terreno continúa por encima de lo permitido.

La audiencia pública no vinculante

En medio de esa tensión creciente, el Ejecutivo convocó mediante el Decreto N°0488 con fecha 23 de abril de 2026 a una audiencia pública para tratar el estudio de impacto ambiental de Areco Plaza.

La audiencia se realizará el 19 de mayo a las 18 horas en el Salón “Héroes de Malvinas” del Concejo Deliberante y fue presentada oficialmente como una instancia de participación ciudadana y acceso a la información.

Sin embargo, el mecanismo tiene carácter no vinculante: los vecinos pueden exponer opiniones, objeciones o apoyos, pero el Ejecutivo no está obligado a modificar el proyecto en función de lo que allí se plantee.

La convocatoria llegó después de meses de reclamos vecinales, cuestionamientos políticos y dudas sobre cómo se autorizó el avance del emprendimiento en una ciudad donde las inundaciones siguen siendo una de las discusiones urbanísticas más sensibles.

Y ahí aparece otra de las preguntas que atraviesan el conflicto.

Si la audiencia pública no es vinculante y el Ejecutivo no está obligado a modificar el proyecto en función de lo que expresen vecinos, especialistas o instituciones, ¿qué capacidad real tiene esa instancia para incidir sobre una decisión que, para muchos, parece ya tomada?

La audiencia habilita la palabra, registra las exposiciones y ofrece una escena formal de participación ciudadana. Pero al mismo tiempo deja abierto el principal interrogante político del caso: si aquello que se diga allí no condiciona ninguna resolución, ¿la convocatoria busca construir una discusión real sobre el futuro del predio del ex Sembrador o funciona apenas como un mecanismo institucional para escuchar reclamos sin necesidad de incorporarlos?.