ESPECIAL/ La crisis del Zerboni no se resuelve con un botón antipánico
En pocas líneas
- La implementación de botones antipánico en el Hospital Emilio Zerboni reavivó el debate sobre la crisis de salud mental en San Antonio de Areco.
- Mientras ATE cuestiona que la medida traslada la responsabilidad a los trabajadores, el foco vuelve a ponerse sobre la falta de personal especializado, protocolos, dispositivos de atención y políticas públicas sostenidas.
- La discusión no puede ni debe ser contra los pacientes sino sobre cómo proteger tanto a quienes necesitan asistencia como a quienes tienen la responsabilidad de brindarla.
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Patricia Medina, secretaria general de ATE
Tal como publicó este medio en distintas notas, la discusión sobre la salud mental en San Antonio de Areco volvió a quedar expuesta durante las últimas semanas. Primero fueron las agresiones sufridas por trabajadores del Hospital Emilio Zerboni mientras intentaban asistir a una persona en crisis. Después llegaron los testimonios de enfermeras y enfermeros, el reclamo de ATE en el Concejo Deliberante, el debate político y, finalmente, la implementación de botones antipánico en los teléfonos del personal.
Sin embargo, detrás de esa medida aparece una pregunta mucho más profunda: ¿es posible resolver una crisis estructural de salud mental con una aplicación instalada en un celular?
Por supuesto que no.
De hecho, demuestra que lejos está el Estado de entender el conflicto de fondo y de saber como funciona la aplicación que ofrecen como solución.
ATE ya había presentado una nota ante el Concejo Deliberante advirtiendo que los hechos ocurridos en el hospital no constituían episodios aislados, sino la consecuencia de problemas que vienen denunciando desde hace tiempo: falta de personal, sobrecarga laboral, insuficiencia de recursos, ausencia de dispositivos adecuados para personas con padecimientos de salud mental y carencia de protocolos específicos de seguridad.
Días después, el gremio volvió a expresarse mediante un comunicado en el que cuestionó la decisión de implementar botones antipánico como respuesta principal a una situación que ya provocó trabajadores lesionados.
“La seguridad laboral no puede depender de que una enfermera o un enfermero logre activar una aplicación mientras está siendo agredido”, señalaron.
La observación abre un debate que excede largamente la tecnología.
Porque para que un botón antipánico funcione alguien debe tener la posibilidad de sacar el teléfono, desbloquearlo, abrir la aplicación, activar la alerta, lograr que la señal se transmita correctamente y esperar la llegada de ayuda.
Pero incluso si todo funcionara correctamente, la pregunta de fondo permanece: ¿Quién puede sacar un celular y buscar una aplicación mientras está siendo golpeado?
El problema no son los pacientes
Hay un riesgo que aparece cada vez que estas discusiones llegan al espacio público: confundir las consecuencias con las causas.
Los pacientes de salud mental no son responsables de la crisis del sistema.
Las personas en situación de calle tampoco.
Quienes atraviesan consumos problemáticos tampoco.
Por el contrario, suelen ser quienes más padecen la falta de respuestas estatales.
La Ley Nacional de Salud Mental impulsó hace años un cambio de paradigma que buscó abandonar el modelo manicomial tradicional y promover dispositivos comunitarios, atención interdisciplinaria, seguimiento territorial y abordajes integrales.
El problema aparece cuando esos dispositivos no existen, son insuficientes o llegan tarde.
Entonces las crisis terminan desembocando en las guardias hospitalarias.
Y lo que debería resolverse mediante una red de atención sostenida termina explotando en el momento más crítico.
En ese escenario quedan atrapados tanto los pacientes como los trabajadores.
Los primeros porque no reciben la atención adecuada antes de llegar a una situación límite.
Los segundos porque deben enfrentar situaciones complejas sin las herramientas, la capacitación ni el respaldo institucional necesarios.
Una cosa es la Ley de Salud Mental (26.657).
Otra cosa es cómo se implementó -o no se implementó- durante estos años.
Muchos especialistas sostienen que el problema principal no es la ley en sí, sino que gran parte de los dispositivos que la propia ley exige nunca se crearon o quedaron a mitad de camino.
Dicho eso, las críticas más frecuentes que aparecen en fiscales, jueces, trabajadores de salud, familiares y algunos psiquiatras son:
1. Cierre de manicomios sin crear suficientes alternativas
La ley impulsó la sustitución de hospitales monovalentes por dispositivos comunitarios.
La crítica es que en muchos lugares se redujeron camas psiquiátricas pero nunca se crearon en cantidad suficiente:
- Hospitales de día.
- Casas de medio camino.
- Residencias asistidas.
- Equipos territoriales.
- Acompañamiento comunitario.
Resultado:
Pacientes que antes permanecían internados hoy muchas veces terminan rotando entre hospitales generales, la calle, la familia y el sistema judicial.
2. Las familias quedaron solas
Es uno de los reclamos más repetidos.
Muchos familiares afirman que:
- reciben altas muy rápidas,
- no cuentan con seguimiento suficiente,
- y terminan siendo los responsables exclusivos del cuidado.
Cuando la crisis reaparece, el sistema vuelve a intervenir recién en la emergencia.
3. Falta de recursos humanos especializados
La ley exige abordajes interdisciplinarios.
Pero en gran parte del país faltan:
- psiquiatras,
- psicólogos,
- trabajadores sociales,
- acompañantes terapéuticos,
- enfermeros especializados en salud mental.
Por eso muchas guardias generales terminan absorbiendo situaciones complejas sin equipos suficientes.
4. Hospitales generales sin estructura adecuada
La ley promueve que la atención ocurra en hospitales generales.
La crítica es que muchos hospitales:
- no tienen salas específicas,
- no tienen personal entrenado,
- no tienen seguridad adecuada,
- ni protocolos permanentes.
Es un planteo muy parecido al que aparece hoy en Areco.
5. Dificultades frente a personas con riesgo para sí o para terceros
Es probablemente la crítica más fuerte.
Algunos fiscales, jueces y profesionales consideran que los requisitos para internaciones involuntarias son tan exigentes que muchas veces el sistema llega tarde.
Suelen plantear:
“Cuando la persona finalmente cumple todos los criterios para internarla, la crisis ya explotó.”
Es uno de los puntos que algunos sectores piden revisar.
6. Consumos problemáticos
La ley incorporó las adicciones al campo de la salud mental.
Sin embargo, la red pública de tratamiento sigue siendo insuficiente.
Por eso muchas personas con consumos problemáticos terminan:
- en guardias hospitalarias,
- en comisarías,
- en situación de calle,
- o dentro del sistema penal.
7. Judicialización creciente
Ante la falta de dispositivos sanitarios:
- intervienen fiscales,
- intervienen jueces,
- intervienen policías.
Y actores que no son del sistema de salud terminan intentando resolver problemas sanitarios.
Es una crítica que se escucha mucho desde el ámbito judicial.
Una crisis que viene de lejos
Las advertencias no son nuevas.
Durante la sesión extraordinaria convocada para debatir los hechos ocurridos en el Zerboni, trabajadores y representantes sindicales describieron una realidad preocupante.
Catalina Coronel, enfermera del hospital, advirtió incluso que después del episodio que motivó la discusión se registró otro incidente que, aunque de menor magnitud, volvió a encender las alarmas.
El mensaje fue claro: el problema no terminó.
Por eso ATE insiste en que la solución no pasa únicamente por sumar dispositivos de alerta, sino por discutir las condiciones en las que se desarrolla la atención de salud mental en el distrito.
Formación específica para el personal.
Protocolos de intervención.
Equipos interdisciplinarios.
Más profesionales especializados.
Dispositivos de seguimiento.
Recursos suficientes.
Y una estrategia pública que no deje toda la carga sobre la guardia hospitalaria.
Cuando el sistema llega tarde
Quizás la discusión más importante sea la que todavía no se está dando.
Porque cuando una persona atraviesa una crisis severa de salud mental, un consumo problemático o una situación extrema de vulnerabilidad, la pregunta no debería ser solamente qué hacer cuando llega al hospital.
La pregunta debería ser qué ocurrió antes.
Dónde estuvo el seguimiento.
Dónde estuvo la prevención.
Dónde estuvieron los dispositivos de acompañamiento.
Dónde estuvo la intervención temprana.
Porque cuando todo eso falla, la crisis no desaparece.
Simplemente cambia de lugar.
Y termina golpeando la puerta de una guardia hospitalaria.
Por eso la discusión del botón antipánico corre el riesgo de convertirse en una falsa solución para un problema mucho más complejo.
Puede ser una herramienta complementaria.
Puede ser un recurso útil en determinadas circunstancias.
Pero difícilmente pueda reemplazar aquello que trabajadores, pacientes y familias vienen reclamando desde hace tiempo: una política integral de salud mental capaz de cuidar a quienes necesitan asistencia y también a quienes tienen la responsabilidad de brindarla.
