En línea con otros distritos, Areco endurece controles y avanzará con allanamientos por motos ilegales y ruidosas

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Porque muestra un giro concreto en la política de San Antonio de Areco frente a un problema que lleva años generando reclamos vecinales y accidentes: el descontrol de las motos. La nota no solo cuenta qué pasó en los operativos más recientes, sino que revela que el municipio avanzará con medidas inéditas para el distrito -como allanamientos domiciliarios y multas más severas- en línea con lo que ya están aplicando otros municipios bonaerenses. Además, incluye un relevamiento de los 135 distritos de la provincia que permite confirmar dónde estas medidas ya están en marcha, cuáles se están evaluando y cómo comenzó esta nueva movida en el interior bonaerense, junto con declaraciones directas del intendente que anticipan un cambio de época en los controles, con impacto real tanto en la seguridad vial como en la convivencia cotidiana.

Luego de años en los que desde el propio gobierno municipal se señalaba públicamente que frente al descontrol de las motos poco podía hacerse más allá de controles esporádicos y campañas de concientización, Areco decidió avanzar ahora en una línea de acción más firme, en sintonía con medidas que ya se están implementando en otros distritos bonaerenses.

Tras los operativos realizados hoy y la fuerte cantidad de motos secuestradas, el intendente Francisco Ratto, junto al secretario de Seguridad Ramón Ojeda, confirmó que el municipio no sólo continuará endureciendo controles y multas, sino que además avanzará con una ordenanza similar a la de otros municipios para habilitar allanamientos domiciliarios y secuestros de motos conflictivas.

Ratto detalló que muchas de las motos incautadas “no tienen papeles, están adulteradas, con escapes libres, cuadros modificados y circulaban a alta velocidad cometiendo imprudencias, muchas veces sin casco”, y remarcó que esta situación ya provocó accidentes graves e incluso fatales. En ese sentido, anticipó que se impulsará una normativa que permita que, con orden de la Justicia de Faltas, se pueda ir directamente a buscar los vehículos a los domicilios, señalando textualmente que existen “modelos de ordenanza bastante interesantes donde incluye un allanamiento para ir a buscar la moto y secuestrarla en la casa para no tener que, en cierto modo, capturarla en la calle”.

El jefe comunal sostuvo además que las motos adulteradas “no vuelven a circular nunca más”, ya que enfrentarán multas elevadas y que los infractores no podrán renovar ni obtener la licencia de conducir hasta regularizar su situación, sumando también responsabilidades económicas a los titulares de los vehículos cuando se trate de menores.

A esto se agregarán controles con cámaras de monitoreo, inspecciones a comercios que venden escapes modificados y sanciones a estaciones de servicio que carguen combustible a conductores sin casco. En uno de los pasajes más contundentes de su mensaje, Ratto apuntó a la falta de responsabilidad de algunos adultos y lanzó: “Si la moto está mal usada, bueno, problema tuyo hermano, te quedaste sin moto porque le está jodiendo la vida a la gente”.

Por su parte, Ojeda explicó que los allanamientos se realizarán principalmente con la policía comunal, aunque no se descarta pedir refuerzos especiales en casos conflictivos, y remarcó que cada procedimiento deberá estar sólidamente fundamentado desde el punto de vista legal para evitar objeciones judiciales.

Según explicó Marcelo Byrne, secretario de Seguridad de Arrecifes el municipio avanzó en 2024 con una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante que otorga al Juzgado de Faltas la facultad de requerir allanamientos en domicilios para secuestrar motos y otros vehículos previamente detectados en infracciones graves, una herramienta que se ejecuta con intervención judicial y el acompañamiento de fuerzas policiales locales y provinciales, entre ellas la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), especializada en operativos rápidos y de alto impacto, y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), destinado a reforzar la seguridad en procedimientos complejos.

El funcionario detalló que antes de cada procedimiento se reúne prueba para confirmar tanto la responsabilidad del infractor como su lugar de residencia, y subrayó que, incluso cuando no se logra hallar el vehículo, el allanamiento permite identificar formalmente al responsable y ponerlo a disposición de la Justicia de Faltas, además de producir un impacto disuasivo que se refleja en mayor tranquilidad para los vecinos, junto con operativos en la vía pública, controles de escapes reglamentarios y acciones de concientización en escuelas sobre seguridad vial.

Esta productora relevó la totalidad de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y se pudo confirmar que, por el momento, son pocos los distritos que avanzaron formalmente con ordenanzas que habilitan al Juzgado de Faltas a ordenar allanamientos domiciliarios y secuestros de motos vinculadas a ruidos molestos, escapes libres y maniobras peligrosas; entre ellos se encuentran Arrecifes (Ordenanza 3591/24), 9 de Julio (Ordenanza 7107/2023), General Villegas (Ordenanza 6511/24), Chacabuco (Ordenanza 3619/24), Rivadavia (Ordenanza 4618/2022) y Carlos Tejedor (Ordenanza 2872/24), donde ya existe respaldo normativo concreto para este tipo de medidas.

En paralelo, otros municipios como Salto, Pergamino, Junín, General Arenales, Trenque Lauquen y Pellegrini se encuentran evaluando mecanismos legales o reforzando controles, pero sin contar aún con ordenanzas que autoricen expresamente allanamientos en domicilios. El resto de los distritos bonaerenses continúa aplicando únicamente controles en la vía pública y secuestros administrativos, sin marco legal específico para ingresar a viviendas particulares en el marco de esta problemática.

La aplicación de este tipo de medidas comenzó a tomar fuerza en el interior bonaerense a partir del fuerte incremento de reclamos vecinales por ruidos molestos, picadas ilegales y circulación temeraria, especialmente en ciudades medianas y pequeñas donde los controles tradicionales resultaban insuficientes.

En ese contexto, municipios como Arrecifes y 9 de Julio fueron de los primeros en avanzar con ordenanzas específicas que ampliaron las facultades del Juzgado de Faltas, permitiendo solicitar órdenes judiciales para ingresar a domicilios donde se ocultaban motos previamente identificadas en infracciones graves, experiencia que luego empezó a ser observada y debatida en otros concejos deliberantes de la provincia.