Areco sin Coresa: cuando el mercado decide y el estado nacional no interviene

El cierre definitivo de Coresa Argentina S.A. en San Antonio de Areco no es solo la caída de una empresa. Es un hecho político y social que expone el modelo económico en curso y sus consecuencias concretas en el interior productivo argentino.

Durante 30 años, la planta fue uno de los principales motores privados de empleo en Areco. Hoy, la fábrica está vacía. Y lo que queda no es solo desempleo: es incertidumbre estructural.

El derrumbe final: 2025 marcó la caída

El año pasado fue el más crítico.
Hasta 2025 la planta contaba con alrededor de 70 operarios, sin incluir administrativos, gerentes y vendedores. En su mejor momento había superado los 150 empleados.

Las reducciones fueron escalonadas. La última estructura activa quedó reducida a 15 operarios más personal administrativo, quienes firmaron en las últimas horas acuerdos de desvinculación.

Según relatan trabajadores, esos “retiros voluntarios” ofrecieron apenas un 25 % de la indemnización que correspondería en un despido formal, incluso para empleados con entre 15 y 30 años de antigüedad. Muchos describen la situación como una presión directa: aceptar un pago reducido ahora o arriesgarse a condiciones peores si avanza la reforma laboral.

Quienes no aceptaron en tandas anteriores fueron despedidos y hoy mantienen juicios laborales. Otros firmaron convenios en cuotas que ahora quedan bajo la incertidumbre del proceso concursal. Es decir, los pagos estarían demorados.

Un aspecto jurídico clave para considerar frente a los llamados “acuerdos” firmados bajo presión es si esos convenios fueron homologados ante la autoridad laboral o judicial y si se realizaron dentro del marco del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Ese artículo de la LCT establece que las partes pueden extinguir el contrato de trabajo por mutuo acuerdo siempre que cumplan ciertos requisitos formales, como la presencia personal del trabajador y la formalización mediante escritura pública o ante autoridad judicial o administrativa del trabajo, requisito que en ausencia puede llevar a la nulidad del acto.

En la práctica jurídica, cuando la extinción consensuada se hace bajo el artículo 241 -es decir, por “mutuo acuerdo” firmado sin un despido formal con causa ni ante autoridad laboral- no se configura un despido sin justa causa, lo que puede impedir acceder al seguro por desempleo que prevé la ANSES para trabajadores despedidos, ya que este beneficio requiere documentación que acredite la terminación de la relación laboral en los términos previstos por la normativa laboral y de desempleo.

Por eso, ante firmas de acuerdos que se perciben como obligadas o encubiertas, resulta fundamental evaluar si fueron realmente homologados por el Ministerio de Trabajo o por autoridad judicial, si se ajustaron a la forma y requisitos del artículo 241 LCT, y si en esos casos correspondía un derecho al seguro por desempleo (ingreso mensual por 12 meses) u otros beneficios laborales que, de haber existido un despido concreto, los trabajadores habrían podido hacer valer como por ejemplo: cobertura social de salud y el cobro de salario por hijo.

Entre 85 y 100 familias sin ingreso directo

Si se toma como base el plantel activo durante 2025 -70 operarios- y se suman administrativos y personal comercial, la cifra de trabajadores afectados directamente por el cierre se ubica entre 85 y 100 personas.

Esto significa que, de manera inmediata, entre 85 y 100 familias de San Antonio de Areco perdieron su principal fuente de ingreso.

Y ese número no contempla:

• Trabajadores despedidos en tandas anteriores.
• Empleo indirecto vinculado a proveedores.
• Servicios tercerizados.
• Comercios cuya facturación dependía del consumo de esos salarios.

El golpe económico: 90 millones de pesos menos por mes

Si se estima un salario promedio industrial mensual entre $900.000 y $1.200.000, tomando un promedio conservador de $1.000.000 por trabajador, el impacto es contundente:

90 trabajadores x $1.000.000 = $90.000.000 mensuales

Es decir, alrededor de 90 millones de pesos por mes dejan de circular en la economía local.

En términos anuales, la cifra supera los $1.080 millones de pesos.

En una ciudad del tamaño de Areco, esa masa salarial no es solo un número: es consumo en supermercados, alquileres, cuotas escolares, servicios, talleres, transporte y comercios de cercanía. El efecto multiplicador puede duplicar el impacto real.

Reforma laboral y correlación de fuerzas

El contexto nacional agrega un componente político inevitable. El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral orientada a flexibilizar el mercado de trabajo, reducir costos empresariales y redefinir el esquema indemnizatorio.

Para sus defensores, se trata de modernizar el sistema y fomentar la formalización. Para sus críticos, implica:

• Reducción del costo del despido.
• Mayor flexibilidad de jornada.
• Debilitamiento de la negociación colectiva sectorial.

En escenarios de crisis empresaria, esa asimetría se profundiza. Cuando el empleo escasea, el trabajador negocia desde la necesidad. El caso Coresa refleja esa correlación de fuerzas: acuerdos por una fracción de la indemnización real frente al temor de quedarse sin nada.

Estado ausente o cambio de modelo

Argentina tuvo etapas donde el Estado intervino ante crisis industriales con créditos, subsidios, protección arancelaria o programas de sostenimiento productivo.

El modelo actual, en cambio, parte de una premisa distinta: el mercado reasigna recursos y el Estado no debe sostener empresas inviables.

El debate es profundo:
¿El cierre de una fábrica es una depuración natural del sistema o una pérdida estratégica de capacidad productiva y empleo?

En ciudades como Areco, donde una sola planta puede sostener casi cien familias, la respuesta no es técnica: es social.

¿Y ahora qué?

En un contexto de ajuste fiscal, reducción del gasto público y apertura comercial, las alternativas para quienes quedaron sin empleo son limitadas:

• Reinsertarse en un mercado laboral local reducido.
• Migrar hacia otros centros urbanos.
• Volcarse a la informalidad.
• Emprender en un escenario de consumo deprimido.

Absorber entre 85 y 100 trabajadores industriales con experiencia técnica no es simple en una economía local acotada.

El vacío que deja

El portón cerrado de Coresa no es solo una imagen industrial. Es una señal de época.

Desde 1996, la empresa había sido un engranaje central del empleo privado en San Antonio de Areco. Durante tres décadas sostuvo salarios, movimiento comercial y estabilidad para cientos de familias.

Hoy la fábrica está vacía. Y la discusión ya no es solo sobre una empresa que cerró, sino sobre el modelo productivo que define qué industrias sobreviven y cuáles quedan en el camino.

Areco ya tiene su respuesta concreta.
El debate, ahora, es nacional.