La UCR presentó un proyecto para frenar el descontrol de motos y escapes libres en Areco
El bloque de concejales de la UCR Areco presentó un proyecto de ordenanza que busca endurecer las sanciones contra motos y vehículos que circulan con escapes libres o modificados en el ejido urbano de San Antonio de Areco.
La iniciativa prohíbe expresamente la circulación de motovehículos sin silenciador, con escapes deportivos o preparados para competencia, así como aquellos que presenten desperfectos mecánicos que generen ruidos molestos. También impide acelerar a fondo o probar motores a altas revoluciones en la vía pública.
Uno de los puntos centrales del proyecto establece un límite máximo de 91 decibeles para la emisión sonora, medido en forma dinámica o estática.
En caso de infracción, las multas irán de 250 a 2500 módulos, mientras que para quienes superen el límite de ruido previsto, las sanciones oscilarán entre 100 y 1000 módulos.
Pero el texto va más allá de la sanción económica. La autoridad de aplicación podrá retener preventivamente el vehículo, elaborar un informe técnico sobre el tipo de escape colocado y elevar el caso al Tribunal de Faltas. El juez podrá exigir pericias mecánicas, ordenar la retención hasta que se solucionen los desperfectos e incluso disponer el decomiso y destrucción de los elementos ilegales.
En casos de reincidencia, la multa se duplicará y podrá aplicarse la inhabilitación de la licencia de conducir.
Es importante aclarar que el proyecto de ordenanza no habilita ni contempla la posibilidad de realizar allanamientos en domicilios particulares. La iniciativa se limita al control y sanción de infracciones vinculadas a la circulación en la vía pública, como escapes libres o ruidos excesivos, y establece medidas como multas, retención preventiva del vehículo y actuación del Juzgado de Faltas.
Cualquier allanamiento, en caso de corresponder, sólo podría ordenarse en el marco de una causa penal y con autorización judicial, algo que no forma parte del alcance de esta ordenanza.
Desde el bloque radical fundamentaron la iniciativa en el impacto que los ruidos molestos generan en la salud pública y en el incremento de motos en infracción, señalando además que el régimen sancionatorio vigente resulta insuficiente para combatir la problemática.
