HCD: qué se aprobó, qué se rechazó y los debates que dejó la sesión

El Concejo Deliberante tuvo una sesión extensa, con proyectos aprobados, otros rechazados y varios expedientes que continuarán su tratamiento en comisión. Jardines maternales, acceso a la información pública, bacheo, Costanera, caza furtiva y reductores de velocidad estuvieron entre los temas de una jornada atravesada también por discusiones sobre las prioridades del Municipio y el rol del Estado.

La sesión de este miercoles del Concejo Deliberante de San Antonio de Areco tuvo una agenda extensa y algunos debates que terminaron yendo bastante más allá de los proyectos que los habían originado.

Para no perderse entre expedientes, artículos y mociones, repasamos qué se aprobó, qué se rechazó, qué seguirá en comisión y cuáles fueron las discusiones más importantes de la noche.

Jardines maternales: rechazaron destinar un porcentaje de lo recaudado al mantenimiento

Uno de los expedientes estuvo relacionado con los aranceles de los jardines maternales municipales.

El despacho proponía tomar conocimiento del informe enviado por el área de Educación y remitir el expediente a Presupuesto y Hacienda para evaluar la posibilidad de que un porcentaje de lo recaudado por el servicio educativo fuera destinado al mantenimiento de los propios edificios.

Soledad Subiela planteó que, según la respuesta de la Secretaría de Educación y Deportes, esos recursos ya se utilizan para mantenimiento, compra de bienes, servicios e insumos. También enumeró trabajos realizados durante 2026 en distintos establecimientos.

El despacho fue rechazado por 8 votos contra 3 y, a continuación, se aprobó el archivo del expediente por la misma diferencia.

Bacheo: rechazaron tratar el pedido de informes y no explicaron por qué

Agustín López presentó un pedido de informes sobre la empresa contratada por el Municipio para realizar trabajos de bacheo, a partir de un video que se viralizó en los últimos días.

En las imágenes que se viralizaron se observa una discusión en la vía pública y a un hombre, presuntamente vinculado con la firma contratista, golpear a un vecino, que cae al suelo desmayado.

El proyecto no buscaba determinar responsabilidades penales sobre el episodio —una cuestión que corresponde a la Justicia— sino conocer qué empresa fue contratada, mediante qué procedimiento y por qué monto, qué personal tiene afectado a las tareas, qué trabajos realizó y qué controles ejerce el Municipio, además de establecer si la persona que aparece en el video pertenece efectivamente a la firma.

López pidió que el Concejo se constituyera en comisión para tratar el pedido esa misma noche. La moción fue rechazada por 8 votos contra 5 y el expediente pasó a la Comisión de Obras Públicas.

Luego se intentó darle tratamiento preferente. También fue rechazado por 8 votos contra 5.

No hubo, durante ese tramo de la sesión, una explicación de los motivos por los cuales la mayoría decidió no acompañar ninguna de las dos mociones.

Tras la votación, Viviana Sorchilli cuestionó que no se acompañara el tratamiento y sostuvo que, ante un hecho de esas características y tratándose de una contratación municipal, correspondía que el Concejo pudiera acceder a la información.

Costanera: revisar la traza antes de una nueva concesión

Marcelo Pereyra presentó un proyecto relacionado con el predio de la Costanera Aquiles Pazzaglia, entre el Puente Viejo y el Camino Ricardo Güiraldes.

La iniciativa propone consultar al Departamento Ejecutivo y a la OTM sobre la viabilidad técnica, legal y ambiental de adecuar el trazado de la calle Costanera a la traza catastral oficial, en el marco de un eventual nuevo esquema de concesión e inversiones para el sector.

El expediente continuará su análisis en Obras Públicas, desde donde se realizarán las consultas correspondientes al Ejecutivo.

Reductores de velocidad: una discusión que terminó hablando del rol del Estado

Otro de los debates fuertes comenzó con un asunto concreto: la colocación de reductores de velocidad en calles y caminos no pavimentados.

El proyecto establece un mecanismo para que los vecinos puedan solicitarlos y, una vez obtenida la evaluación y autorización municipal, eventualmente asumir el costo y realizar la obra, siguiendo las especificaciones técnicas y bajo control del Municipio.

La propuesta terminó abriendo una discusión mucho más amplia: ¿debe un vecino poder financiar una obra de seguridad vial ante una necesidad concreta o corresponde que sea el Estado quien la planifique y ejecute? ¿La posibilidad de hacerlo particularmente facilita una solución o genera diferencias entre quienes pueden afrontar el costo y quienes no?

Concejal María Marta Barrera argumenta su repudio a este proyecto

Cruce de Soledad Subiela con Florencia Mendizabal

Finalmente, el proyecto fue aprobado por mayoría.

Caza furtiva: la discusión terminó hablando de prioridades

También se trató una iniciativa destinada a crear un régimen municipal de prevención, fiscalización y sanción de conductas vinculadas con la caza ilegal o furtiva.

La propuesta busca proteger la fauna, los establecimientos rurales y la propiedad, además de generar herramientas municipales para articular con organismos provinciales y nacionales.

Pero el debate abrió otra discusión: hasta dónde llegan las competencias municipales y cuáles deberían ser las prioridades del Concejo frente a otros problemas del distrito.

Mendizábal cuestionó la extensión de la normativa y señaló que buena parte de la materia ya está regulada por legislación provincial y nacional. Del otro lado, se defendió la iniciativa señalando que surgió de inquietudes de productores rurales y que pretende sumar una herramienta local para coordinar con las autoridades competentes.

Concejal Florencia Mendizabal salió al cruce del proyecto

Concejal Virginia Alonso defiende su propuesta

Finalmente, la ordenanza fue aprobada por mayoría.

La sesión dejó expedientes aprobados, otros rechazados y varios que seguirán su recorrido en comisión. Pero también dejó planteadas discusiones que seguramente volverán al recinto: el acceso a la información pública, el control sobre las contrataciones municipales, las prioridades legislativas y hasta dónde llegan las responsabilidades del Estado y de los vecinos.