HCD: El precio ya está puesto: qué falta saber sobre el uso privado de los quirófanos que Areco ayudó a construir
¿Qué? Se aprobó el uso de instalaciones del Hospital Zerboni para prácticas provenientes de consultorios privados.
¿Quién? Profesionales de la salud podrán solicitar su uso y deberán pagar el derecho correspondiente.
¿Cuánto? Entre $45.646 y $219.101, según la práctica y el valor actual del Galeno.
¿Qué falta? El Ejecutivo todavía debe reglamentar requisitos, condiciones, responsabilidades y funcionamiento.
¿Por qué importa? Porque se utilizarán recursos de un hospital público cuya ampliación también fue financiada con aportes de la comunidad.
⏳ Tiempo estimado de lectura 4 minutos
(El precio para usar los quirófanos ya está fijado. Lo que todavía falta saber es qué incluye, quién controla y qué recursos públicos se ponen en juego)
El Concejo Deliberante aprobó por mayoría oficialista, en una sesión especial, el nuevo derecho de uso de las instalaciones del Hospital Zerboni para pacientes provenientes de consultorios privados. La norma fija quién paga y cuánto: hoy, utilizar un quirófano central representa alrededor de $219 mil. Pero el propio texto deja en manos del Ejecutivo la reglamentación de las condiciones de funcionamiento. Fuerza Patria presentó por escrito una extensa lista de cuestiones todavía sin resolver y volvió a retirarse del recinto. En el medio, una historia imposible de soslayar: buena parte del Área Crítica fue levantada con el aporte de vecinos, instituciones y empresas de Areco.
La discusión ya no es si el proyecto va a avanzar. Avanzó.
Esta semana, en una sesión especial del HCD, quedaron aprobadas las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva que, entre otros cambios, crean un Derecho de Uso de Instalaciones Hospitalarias en el Hospital Municipal Emilio Zerboni.
Dicho de otra manera, profesionales de la salud podrán solicitar instalaciones y equipamiento del Hospital para realizar prácticas médicas, diagnósticas o terapéuticas a pacientes provenientes de sus consultorios privados. Eso es exactamente lo que establece la norma.
El esquema fue aprobado por Areco Avanza y la UCR. Fuerza Patria cuestionó la falta de regulación sobre distintos aspectos del funcionamiento y se retiró de la sesión.
Pero terminado el debate político aparece una pregunta mucho más sencilla para cualquier vecino:
¿Cómo va a funcionar?
Porque el precio ya está puesto.
De Galenos a pesos: cuánto cuesta usar las instalaciones
La Ordenanza Impositiva establece tres valores.
Son 72 Galenos para el uso del quirófano central; 36 Galenos para prestaciones ambulatorias sin anestesia general; y 15 Galenos para procedimientos menores.
“Galeno” puede sonar a lenguaje reservado al mundo médico. En pesos es mucho más fácil de entender.
Y en este caso no es necesario adivinar qué Galeno tomó el Municipio: la propia norma dice que deberá utilizarse el Galeno Previsional de la Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.
Desde el 1° de septiembre de 2026 la Caja fijó ese valor en $3.043,07.
Por lo tanto, a valores actuales, los importes son aproximadamente:
- Quirófano central – 72 Galenos: $219.101.
- Prestación ambulatoria sin anestesia general – 36 Galenos: $109.551.
- Procedimientos menores – 15 Galenos: $45.646.
El primer caso incluye cirugías generales, traumatológicas, ginecológicas, urológicas, procedimientos endoscópicos bajo anestesia y aquellos que requieran sedación anestésica. La segunda categoría contempla procedimientos ambulatorios que no requieren internación ni anestesia general. La tercera incluye, entre otras prácticas, curaciones, yesos, suturas, infiltraciones, drenajes menores, biopsias simples y extracción de cuerpos extraños.
Y hay otra precisión importante: el derecho de uso lo paga el profesional solicitante.
No es una interpretación. El artículo 288 determina que deberá ser abonado “exclusivamente por el profesional solicitante”.
Por eso la discusión no debería confundirse con otra cosa. La norma no establece que el vecino sin cobertura deba comenzar a pagar para atenderse en el Zerboni. Por el contrario, mantiene expresamente que para quienes no posean obra social, prepaga, seguro, ART u otra cobertura, el Estado municipal garantizará la gratuidad de las prestaciones médicas requeridas.
Una cosa es la atención pública.
Otra, el nuevo circuito que permite ingresar al Hospital para realizar una práctica originada en la actividad privada de un profesional.
Y es justamente en esa frontera donde empiezan las preguntas.
El precio está regulado. ¿Qué incluye?
Un quirófano no son cuatro paredes y una camilla.
Tiene equipamiento, esterilización, medicamentos, descartables, personal, anestesia, mantenimiento y una estructura preparada para responder frente a una emergencia.
Entonces, cuando un profesional paga aproximadamente $219 mil por utilizar el quirófano central, ¿qué está pagando exactamente?
El escrito presentado por Fuerza Patria antes de la aprobación definitiva pone precisamente el foco allí.
El bloque dejó asentado que no cuestiona en sí mismo “el recupero de costos” ni la posibilidad de utilizar de manera complementaria la capacidad instalada del Hospital para generar recursos. Su objeción es que considera necesaria una regulación integral previa que determine condiciones de utilización, recursos involucrados, responsabilidades, mecanismos de control y la protección de la prioridad del paciente público.
Entre las cuestiones enumeradas aparecen los medicamentos y descartables que utilizará cada práctica, quién contrata y paga al anestesista, qué personal del Hospital podrá intervenir y si su trabajo está comprendido o no dentro del derecho de uso.
También se pregunta qué ocurrirá si una intervención privada se complica y el paciente necesita reanimación, internación, terapia intensiva, una nueva operación o una derivación; cómo se controlará el equipamiento público utilizado; quién responderá ante una rotura; qué seguros deberán presentarse y cómo quedarán registradas esas intervenciones.
No son preguntas sobre cuánto debería ganar un médico.
Son preguntas sobre cuánto cuesta realmente poner recursos de un hospital municipal al servicio de una práctica privada y quién absorbe cada uno de esos costos.
La propia norma admite que falta una reglamentación.
Hay un dato que resulta particularmente importante después de aquella discusión política.
En julio, cuando Bosco Producciones entrevistó a la presidenta del Concejo Deliberante, Viviana Bratschi, y le planteó dudas sobre el proyecto, respondió:
“Primero lee el proyecto, asesorate bien y después podés sacar esas conclusiones”.
La norma fue leída en el boletín oficial Nro. 703/26
Y su artículo 286 establece expresamente que será el Departamento Ejecutivo el que deberá determinar “por vía reglamentaria los requisitos, términos y condiciones” para esas prácticas.
Es un punto central.
La ordenanza define qué actividad queda habilitada, quién será el contribuyente y cuánto deberá pagar. Pero una parte de las reglas de funcionamiento deberá ser determinada por una reglamentación posterior.
Eso explica también por qué Fuerza Patria insistió esta semana con dejar sus objeciones incorporadas formalmente al expediente.
El escrito pide que cada práctica privada cuente con una autorización donde queden individualizados profesional, paciente, procedimiento, fecha, quirófano, equipos utilizados, personal interviniente, insumos, seguros, arancel y obligaciones asumidas.
Y advierte entre los posibles riesgos sobre algo particularmente sensible: un “posible subsidio involuntario de prácticas privadas con recursos públicos” si no se identifican correctamente todos esos costos.
No afirma que eso esté ocurriendo.
Advierte que el sistema debe estar preparado para impedir que ocurra.
El retiro de Fuerza Patria
El retiro del bloque opositor tampoco puede contarse simplemente como una escena política. Detrás hubo una discusión sobre algo más elemental: si existió o no espacio real para debatir antes de votar.
En julio, Fuerza Patria ya había abandonado el recinto después de una votación que consideró confusa. Según explicó entonces Agustín López, mientras una concejal intentaba retirar su firma de un despacho, el tema se dio por aprobado y el bloque entendió que no había podido exponer sus argumentos. “Por eso nos retiramos”, sostuvo.
La presidenta del HCD, Viviana Bratschi, dio otra versión. Explicó que, ante el planteo de la oposición, ofreció a Florencia Mendizábal presentar una moción de reconsideración para retrotraer aquella votación. Mendizábal lo hizo, pero la moción fue rechazada por mayoría. Para Bratschi, desde ese momento “el tema ya estaba cerrado”.
Ahí aparece una diferencia política que excede el procedimiento: Fuerza Patria sostiene que las mayorías llegan a la votación con una decisión ya tomada y sin margen real para que los argumentos de la minoría modifiquen el resultado. López lo expresó entonces al señalar que “la decisión la tienen tomada” y cuestionar que no se les hubiera dado espacio para hablar.
La discusión también tuvo un costado jurídico. En julio, la concejal Florencia Mendizábal, abogada, cuestionó que modificaciones de esta naturaleza fueran incorporadas a través de cambios en la Ordenanza Fiscal e Impositiva y planteó objeciones legales sobre el régimen de responsabilidades previsto para las prácticas privadas dentro del Hospital. En particular, sostuvo que el Zerboni no puede quedar desligado de eventuales responsabilidades por hechos ocurridos dentro de sus instalaciones: “Eso no corresponde. Eso es ilegal”, afirmó entonces.
Aquella noche López fue todavía más lejos en la definición política: sostuvo que acababa de consolidarse “un cambio en la matriz y en el funcionamiento de la salud en San Antonio de Areco”.
Esta semana, durante la sesión especial del HCD, el conflicto volvió a quedar expuesto. Fuerza Patria presentó por escrito sus observaciones sobre el uso privado de las instalaciones hospitalarias y volvió a retirarse del recinto.
Esta vez, más allá del gesto político, quedó un documento: una extensa enumeración de aquello que, a criterio del bloque, todavía debe regularse antes de que el sistema comience a funcionar.
Y hay un dato difícil de soslayar después de aquella discusión: la propia norma finalmente aprobada establece que será el Departamento Ejecutivo quien deberá fijar por vía reglamentaria los requisitos, términos y condiciones para esas prácticas.
Si la decisión ya fue tomada, quizás el control pueda resumirse de una manera mucho más simple que cualquier expediente.
Quién entró. Qué práctica se realizó. Qué profesional utilizó las instalaciones. Qué equipos, insumos y personal aportó el Hospital. Cuánto costó realmente. Cuánto se pagó por el derecho de uso. Y dónde ingresó ese dinero.
Eso es trazabilidad.
Y adquiere una importancia particular cuando la infraestructura utilizada fue construida también con el esfuerzo de una comunidad a la que durante años se convocó para colaborar.
El precio ya está puesto: aproximadamente $219 mil, $110 mil o $46 mil, según la prestación y a valores actuales del Galeno Previsional.
Ahora falta conocer con igual claridad todo lo que ese precio comprende.
Porque si el Hospital es, como alguna vez afirmó el propio Municipio, “hecho por los vecinos de Areco y para los vecinos de Areco”, preguntar cómo se utilizarán sus quirófanos no debería ser leído como un cuestionamiento.
Debería ser la primera regla.
La comunidad ya hizo su parte. Ahora le corresponde al Estado mostrar, reglamentar y controlar qué se hará con aquello que Areco ayudó a construir.
