Convocan a vecinos que no cobraron el subsidio por la inundación a sumarse al reclamo
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(Llamar “ayuda” a $800.000 después de perderlo todo es confundir un derecho con una limosna institucional)
Vecinos y vecinas que aún no cobraron el subsidio destinado a personas afectadas por la inundación continúan reuniendo firmas para reclamar ante el Gobierno nacional. La convocatoria está a cargo de Marcela Sceppacuercia, en Alsina 5, y se realiza hasta el miércoles, de 8 a 12 horas. En principio se pedira informacion al Intendente Ratto.
La escena es concreta y debería incomodar a cualquiera. Más aún a las autoridades competentes. Aquellos que ocupan cargos y que sí tienen la obligación de golpear puertas y defender los derechos de los ciudadanos a quienes representa. Lejos de eso, Marcela Sceppacuercia, una vecina inundada va a entregar una carta al intendente Ratto con las firmas de otros damnificados, reunidas una por una, sin estructura, sin respaldo institucional, sin Estado.
Para eso abrirá la puerta de su casa: en Héroes de Malvinas (ex Alsina), a media cuadra del mástil de la calle Zerboni, una casa de dos pisos donde vive en la planta baja.
Allí recibirá a los vecinos este sábado y el lunes, de 8 a 12, para empezar a juntar firmas y elevar un pedido de información y respuestas que nunca llegaron.
“Lo poco que puedo hacer es mandar una carta, una petición al intendente de San Antonio de Areco, a Francisco (Ratto) pidiéndole información para ver si puede hacer algo sobre por qué no estamos recibiendo este subsidio”, explicó Marcela.
Lo que están viviendo hoy los vecinos inundados en mayo de 2025 es, sin vueltas, vergonzoso. Porque si en aquel momento los 800 mil pesos prometidos ya no alcanzaban para recomponer una vida arrasada por el agua, en 2026, después de un año de espera, inflación y abandono, esa cifra -si llega- ya no es ayuda: es una burla. Siempre lo fue.
¿No debería ser el Estado -junto a los concejales y los organismos responsables- quien esté organizando el reclamo, dando explicaciones y mostrando las listas? ¿Cómo se llegó al punto en que esa tarea recae en quienes ya lo perdieron todo? En Areco, el agua bajó hace meses. Pero la deuda sigue intacta. Y para muchos, la inundación todavía no terminó.
Marcela Sceppacuercia, es una vecina inundada.
No es funcionaria.
No es dirigente.
Es una damnificada haciendo lo que el Estado no hizo.
No hay padrón público.
No hay información oficial.
No hay transparencia.
“Estaría bueno que tengamos la lista de esa gente, tanto de los que cobraron como de los que no cobraron, y yo ir tildando para ver si podemos hacer algo.”
Esto no es militancia.
No es organización ejemplar.
Es humillación.
El sistema “modelo” que ya había fracasado
Tras el desastre de la inundación, el intendente Francisco Ratto anunció un sistema de ayuda presentado como novedoso, ágil y sin intermediarios: vincular el número del medidor eléctrico del domicilio inundado con un CBU para que el subsidio llegara de manera directa.
La referencia era Bahía Blanca.
Pero el archivo ya advertía algo incómodo y contundente: si en Bahía Blanca ese mismo esquema había dejado exclusión, desilusión y errores groseros, ¿por qué replicarlo sin corregir sus fallas?
La respuesta no tardó en llegar.
Llegó con los hechos.
Quienes alquilaban, compartían vivienda o tenían el medidor a nombre del propietario de la vivienda quedaron automáticamente afuera.
La burocracia operó como filtro.
La emergencia se transformó en trámite.
Y el derecho, en obstáculo.
No hubo criterio.
No hubo relevamiento territorial.
No hubo contacto humano.
No hubo humanidad.
El archivo que lo anticipó y se cumplió…lamentablemente
28 de mayo de 2025. Tras una reunión con la ministra Patricia Bullrich, el anuncio fue presentado con bombos y platillos. Ese mismo día, desde Bahía Blanca, un vecino advertía:
“A mí me entró un metro ochenta de agua y no cobré nada. Otro que no se inundó, sí.”
La alarma estaba encendida. Nadie la quiso escuchar.
18 de junio de 2025. Un mes y dos días después de la inundación, otra nota de archivo fue todavía más clara: no había ayuda nacional; la provincia había anunciado créditos luego silenciados e inaccesibles y la única medida concreta fue una exención de tasas municipales, mientras el gobierno local se desentendió del resto.
Derecho vs favor: lo que dice la ley y lo que pasó en Areco
Desde 2015 rige en la Argentina la Ley Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Ley 27.287). La norma es explícita: ante desastres naturales, el Estado debe garantizar asistencia bajo principios de equidad, acceso a la información y participación, con respuestas rápidas y criterios claros.
En Areco no hubo equipos caminando los barrios.
No hubo relevamientos casa por casa.
No hubo información pública confiable.
Hubo planillas.
Hubo cargas de datos.
Hubo espera.
Así, lo que la ley consagra como derecho termina viviéndose como favor. Si llega.
2026: la advertencia hecha realidad
Hoy, casi un año después, el balance es irrefutable:
- El subsidio nacional de 800 mil pesos es insuficiente e irrisorio pero un derecho que debe cumplirse
- Se comunicó mal.
- Se ejecutó peor.
- Y no llegó a todos.
Mientras tanto, hay obras parciales, anuncios, discusiones políticas y conflictos secundarios que desviaron la atención del problema de fondo. Pero nada de eso cambia el dato central que abre y cierra esta historia: “Casi la mitad no cobró y queremos información”
Por eso esta nota empieza y termina igual: con la voz de Marcela.
Porque cuando Nación no cumple, cuando el Estado se corre y el derecho se diluye, una vecina abre la puerta de su casa para hacer lo que el poder no hizo ni está haciendo.
Y eso -además de ineficiente- es profundamente humillante.
