No se ruega lo que se debe
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Un mes y dos días después de la inundación que dejó a cientos de familias de San Antonio de Areco con el agua adentro —en sus casas, en sus comercios, en sus vidas—, la ayuda sigue sin aparecer. Ni del gobierno nacional, que no respondió ni una nota formal, el provincial que anunció una una línea de créditos que más tarde fue silenciada y que no era accesible para la mayoría.
Hasta el momento ninguna asistencia económica directa específica para los damnificados. No se trata de una ayuda sino de un derecho, la Ley Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Ley 27.287).
Solo la exención de tasas que fue otorgada por el gobierno municipal como una de las pocas medidas concretas anunciadas localmente tras la inundación para luego deslindarse de toda responsabilidad. Nadie se hace cargo. Solo los vecinos, como siempre, haciendo lo que pueden con lo que les quedó.
Recordemos que un sistema de ayuda fue anunciado por el intendente Francisco Ratto tras la última inundación, como si se tratara de una solución novedosa, simple y directa. La propuesta consistía en vincular el número del medidor eléctrico del domicilio afectado con un CBU, para que los fondos llegaran sin intermediarios
La referencia fue el modelo aplicado en Bahía Blanca, otra ciudad golpeada por una catástrofe similar. Pero si en el sur de la provincia ese mismo esquema dejó una estela de desilusión y exclusión, ¿por qué replicarlo sin corregir sus fallas?
El mecanismo parece ágil en los papeles, pero la realidad es otra. Quienes alquilan, comparten vivienda o tienen el medidor a nombre de un familiar fallecido, directamente quedan fuera del beneficio. En plena emergencia, la burocracia actúa como filtro: convierte la urgencia en espera y la “ayuda” en obstáculo. La necesidad no puede someterse a trámites administrativos. Un derecho no puede estar condicionado a que los papeles estén “en regla”.
Y la desigualdad es aún más grosera si se toma como referencia la experiencia bahiense. Comerciantes que perdieron todo aún no cobran. Otros, que no se inundaron, sí. Porque cumplieron con la formalidad burocrática de presentar un medidor. Hay “ayuda” que llega a destiempo, mal dirigida, o que directamente nunca llega. Hay dolor, pérdidas, deudas. Pero no hay criterio. Ni humanidad.
Lo más grave es que este sistema, presentado como una gran noticia, no se apoya en un relevamiento territorial serio, ni en el trabajo cara a cara con las familias afectadas. No hay equipos caminando los barrios, preguntando, escuchando. Solo hay planillas, cargas de datos, y una promesa que se repite: “ya les vamos a avisar”.
Frente a esta inacción organizada, el intendente vuelve a decir que ni el municipio ni la cooperativa tienen responsabilidad. Y puede que legalmente no la tengan. Pero políticamente, ¿De verdad creen que alcanza con gestionar planillas? ¿De verdad piensan que ser intermediarios pasivos es suficiente ante una emergencia que sigue abierta?
En el año 2015, Argentina sancionó la Ley Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Ley 27.287), que establece claramente que el Estado tiene la obligación de garantizar la asistencia a personas damnificadas por desastres naturales, bajo los principios de equidad, acceso a la información, y participación. Nada de eso está ocurriendo. No hay información clara, no hay canales accesibles, no hay decisiones rápidas. Solo hay promesas, frases recicladas y un silencio cada vez más insoportable.
La emergencia no terminó cuando bajó el agua. Continúa en cada electrodoméstico perdido, en cada local que no reabre, en cada vecino que aún no sabe si va a cobrar o no.
Y frente a eso, el intendente Ratto tampoco tiene nada nuevo para decir.
Y los días siguen pasando.
Y los vecinos se las arreglan como pueden. Sacan plata de donde no hay, dejando de pagar lo importante para atender lo urgente. Se endeudan, piden ayuda, improvisan.
Y si alguna vez llega ese subsidio, lo que debería ser un derecho adquirido termina sintiéndose como un favor concedido.
Y eso, además de ineficiente, es profundamente humillante.
