Gremialistas o funcionarias: la respuesta de Anahí López reabre el debate sobre la incompatibilidad ética en el municipio

La situación que involucra a Anahí López (UPCN) y Adriana Hurtado (Sindicato de Trabajadores Municipales) presenta un patrón evidente: las dos máximas autoridades de sus respectivos gremios aparecen vinculadas -por confirmación directa o por silencio persistente- a cargos de jefatura dentro del mismo Ejecutivo con el que sus sindicatos deben negociar.

• Hurtado: señalada para una jefatura en Catastro.

• López: admite haber recibido una propuesta para ser jefa en el Cementerio.

Una conducción sindical que pasa a ocupar jefaturas municipales asume un rol que, por su propia naturaleza, condiciona la autonomía que debería tener en la negociación paritaria, en la tramitación de reclamos y en la relación institucional con el gobierno local.

La función sindical supone independencia frente al Ejecutivo.
La función ejecutiva implica obediencia jerárquica dentro de la estructura que se administra.

Y en términos institucionales, estos dos roles son incompatibles en simultáneo porque configuran un conflicto de intereses estructural: una misma persona no puede ejercer control y, al mismo tiempo, integrar aquello que debe ser controlado.

No se trata de opiniones subjetivas: es un principio básico del diseño democrático.
No se puede estar de los dos lados del mostrador al mismo tiempo.

Un secretario general que evalúa -o acepta- una jefatura pierde, desde ese instante, la distancia que debe tener frente a la patronal.
Deja de representar intereses y pasa a administrar los intereses del empleador.

No es una opinión.
Es un hecho político.

Hurtado: el silencio como método

Adriana Hurtado volvió a desplegar su estrategia habitual: desaparecer.
Silencio absoluto. Cero declaraciones.
Cada vez que aparece un tema espinoso, hace lo mismo: evita cámaras, evita preguntas, evita definiciones.

Y cuando la dirigencia sindical evita definiciones, la política escribe las definiciones por ella.

El caso Anahí López: una declaración que agrava todo

Consultada sobre su posible designación, López no negó nada.
No dijo “no es cierto”.
No dijo “no voy a asumir”.

Dijo textualmente:

“No hay designación firmada ni nada que pueda probar que soy parte del Ejecutivo. He tenido una propuesta, sí he tenido una propuesta. Todavía no se ha hecho efectiva.”

La declaración es reveladora:

• No descarta el nombramiento.

• No rechaza la oferta.

• No menciona que sería incompatible aceptarlo.

• Lo único que dice es que no está firmado.

Es decir: no niega nada.

Y en política, cuando algo tan delicado no se niega, se instala.

La frase además desplaza el debate hacia una cuestión meramente probatoria: como si el problema fuera la ausencia de un papel firmado y no el conflicto ético monumental que supone dirigir un gremio mientras se negocia un cargo jerárquico en el mismo Ejecutivo.

Que dos de las conducciones gremiales estén vinculadas a posibles jefaturas municipales -una admitida en cámara, la otra escondida detrás de silencios calculados- no es casualidad: es un movimiento político para reconfigurar la correlación de fuerzas dentro del municipio.

La foto que empieza a dibujarse es esta:

• Un Ejecutivo que incorpora a dirigentes gremiales como jefas.

• Gremios cuya independencia queda, como mínimo, condicionada.

• Una negociación paritaria que pierde equilibrio real.

El resultado es una alineación vertical donde la representación sindical queda absorbida por la estructura que debería controlar.

Que la secretaria general de un sindicato responda como si esto fuera una cuestión técnica –“no hay pruebas”- y no una cuestión ética, evidencia un corrimiento gravísimo en la comprensión del rol sindical.

La pregunta nunca fue: “¿Hay un papel firmado?”

La pregunta es: ¿Puede una dirigente sindical aceptar -o siquiera negociar- una jefatura dentro del Ejecutivo al que debe controlar?

Y la respuesta es simple: No. Éticamente no. Institucionalmente no. Democráticamente no.

Si la propia dirigente gremial admite que hubo una propuesta y su única defensa es que “no hay pruebas”, entonces el problema ya no es la designación.
El problema es creer que la ética depende de un papel firmado y no de un límite básico: no se puede estar de los dos lados del mostrador al mismo tiempo.