Granja Tres Arroyos: la emergencia ya está en la calle mientras las respuestas siguen en discusión
Para entender la dimensión de la crisis de Granja Tres Arroyos quizás haya que mirar menos los expedientes y más lo que está pasando al lado nuestro.
Ezequiel Centurión y Walter Bárbara, trabajadores despedidos de Granja Tres Arroyos en las plantas de Capitán Sarmiento y Concepción del Uruguay, expusieron ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Relataron los incumplimientos que denuncian por parte de la empresa y pusieron en palabras algo que va mucho más allá de quienes perdieron su empleo: el impacto que el cierre de las plantas está provocando en comunidades donde Granja era una de las principales fuentes de trabajo e ingresos.
Cientos de trabajadores quedaron alcanzados por los despidos y la paralización de la planta. Hay reclamos por salarios e indemnizaciones y familias que tuvieron que recurrir a la asistencia comunitaria.
Este martes 22 de septiembre, esa realidad llegó al Congreso de la Nación.
Ante la Comisión de Economía de Diputados, Ezequiel Centurión, trabajador despedido de la planta de Capitán Sarmiento, habló de personas que ya tienen dificultades para alimentarse y definió la situación como una “emergencia social, laboral y productiva”.
Una emergencia avícola por un año
El proyecto 4700-D-2026, presentado el 11 de septiembre por diputados de Unión por la Patria -entre ellos Sergio Palazzo, Kelly Olmos, Julia Strada, Vanesa Siley, Mario Manrique y Hugo Yasky- propone declarar por un año la Emergencia Ocupacional del Sector Agroindustrial Avícola. Actualmente está girado a las comisiones de Legislación del Trabajo, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Hacienda.
Una de las herramientas propuestas es incorporar a las empresas avícolas en crisis al Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO). En términos simples, es una asistencia económica del Estado destinada a ayudar a sostener los salarios y los puestos de trabajo de empresas que atraviesan una situación crítica.
La ayuda tendría condiciones para las empresas beneficiadas, entre ellas mantener el empleo, regularizar salarios adeudados y presentar información sobre su situación y recuperación.
Por ahora es un proyecto. No es ley.
¿Qué respondió el Gobierno nacional?
En la reunión participó Eduardo Regondi, jefe de asesores de la Subsecretaría PyME de la Nación, quien expresó solidaridad con los trabajadores, señaló también responsabilidades empresariales y ofreció la intervención de los equipos técnicos del área para buscar soluciones.
Sin embargo, no anunció el acompañamiento de La Libertad Avanza al proyecto de emergencia avícola. La reunión del martes fue informativa y terminó sin una decisión legislativa específica sobre Granja Tres Arroyos.
Hay otro proyecto. Y Areco está adentro
Otra iniciativa, presentada el 2 de septiembre, propone declarar por 180 días una emergencia ocupacional, productiva y social en las localidades afectadas por la crisis avícola.
Entre ellas aparece expresamente San Antonio de Areco, junto con Capitán Sarmiento, Arrecifes, Carmen de Areco, Salto y Exaltación de la Cruz.
La propuesta contempla asistencia para quienes pierdan el empleo o sufran una reducción de ingresos, continuidad de la cobertura sanitaria y medidas destinadas a productores, proveedores y municipios.
Es decir: la dimensión regional de la crisis ya llegó formalmente al Congreso y Areco está incluido.
La discusión también llegó al Senado bonaerense
El conflicto había llegado una semana antes, el 15 de septiembre, al Senado de la Provincia.
La senadora de Fuerza Patria Laura Clark, representante de la Segunda Sección, presentó un proyecto de declaración por la situación de la planta de Capitán Sarmiento y durante el debate mencionó el impacto sobre familias de Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Antonio de Areco y Carmen de Areco. El expediente continúa en estudio en la Comisión de Trabajo y Legislación Social.
Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Cabezas, vecino de Capitán Sarmiento, sostuvo otra explicación: afirmó que los problemas económicos de Granja se arrastran desde 2018, cuando el grupo tomó los activos de Cresta Roja, y atribuyó la crisis fundamentalmente a decisiones empresariales.
¿Crisis empresaria o contexto económico?
En las últimas horas apareció un elemento importante para esa discusión.
Bichos de Campo accedió a documentación presentada por la propia Granja Tres Arroyos ante la Justicia en el concurso preventivo. Allí la empresa reconoce que la crisis no comenzó ahora: menciona el fuerte endeudamiento previo, decisiones empresariales vinculadas a la ex Cresta Roja, problemas sanitarios y otras dificultades acumuladas desde años anteriores.
Pero la avícola también sostiene que posteriormente profundizaron el problema la devaluación sobre una deuda dolarizada, la caída del poder adquisitivo, el incremento de costos, el ingreso de pollo importado y las dificultades para trasladar esos costos a los precios. El documento describe, en definitiva, una crisis previa que, según la propia compañía, se agravó durante 2024 y 2025.
La Provincia intervino el 4 de septiembre con una conciliación obligatoria por 1.200 despidos, que ordenó reincorporar a los trabajadores mientras se abría una instancia de negociación. También se acordaron 1.000 cajones de pollo para los afectados y un pago de dinero a cuenta.
Pero una conciliación no resuelve por sí sola el problema de una planta paralizada, ni los salarios e indemnizaciones pendientes.
Hoy hay dos proyectos en Diputados, otro expediente en el Senado bonaerense, una conciliación obligatoria y un concurso preventivo de acreedores.
Mientras todo eso avanza por sus respectivos carriles, para las familias la urgencia es bastante menos burocrática: hay que comer, pagar los servicios, comprar medicamentos y conseguir otro trabajo.
Los tiempos institucionales siguen corriendo. Los de esas familias, también.
