Arsénico: el gobierno de Ratto deslegitima estudios y evita publicar información pública sobre el agua
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- Mientras organizaciones ambientales y universidades nacionales aportan datos verificables, el municipio insiste en desacreditar informes y minimizar el riesgo sanitario.
- SANEAR reconoce valores de arsénico por encima de las recomendaciones internacionales, pero la información oficial sigue sin publicarse.
- La discusión dejó de ser técnica: es política.
El intendente Francisco Ratto y la empresa estatal SANEAR cuestionaron el informe del ITBA y afirmaron que carece de trazabilidad, pero omitieron un dato clave: tanto la OMS como el Código Alimentario recomiendan niveles menores a 10 ppb, y los propios estudios de SANEAR registran valores de 20 ppb. En lugar de transparentar los controles, el gobierno eligió desacreditar a la Asamblea Socioambiental. La comunidad sigue haciendo la pregunta que el municipio no responde: si el agua es segura, ¿por qué todavía no publican los datos?
Cuando el municipio elige desacreditar antes que informar
El debate por la calidad del agua en San Antonio de Areco volvió a exponer una tensión estructural: cada vez que una organización social o institución científica publica datos que alertan sobre un posible riesgo sanitario, el gobierno municipal responde primero con desestimación y después con acusaciones.
Esta vez, el conflicto se disparó tras el relevamiento nacional del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que ubicó a 66 municipios bonaerenses dentro de las franjas de riesgo por presencia de arsénico en el agua. Entre ellos, San Antonio de Areco aparece en nivel de riesgo medio.
La reacción del Ejecutivo fue inmediata. El intendente Francisco Ratto y la empresa estatal SANEAR cuestionaron la validez técnica del estudio, lo calificaron de “antiguo”, “sin trazabilidad” y difundieron un mensaje tranquilizador en redes oficiales. Pero, los valores que esta informando el municipio están desactualizados (2001).
Pero el problema no es si el mapa del ITBA es del año 2023, 2015 o de hace una semana. El problema es otro: el municipio volvió a optar por invalidar la fuente antes que ofrecer información pública, completa y verificable.
El municipio cuestiona, pero no demuestra
En su comunicado, el municipio salió a declarar que los valores hallados en Areco cumplen con las recomendaciones vigentes. Sin embargo, esa información es incorrecta. Ni el Código Alimentario Argentino ni la OMS avalan el límite de 50 ppb que se difundió oficialmente.
Ambos organismos recomiendan valores menores a 10 ppb.
La Asamblea Socioambiental de Areco lo dejó en claro en su propio comunicado, citando los documentos oficiales y aportando enlaces y fuentes públicas. Allí, además, desmintió directamente la versión municipal:
“La información brindada no es correcta. Tanto el Código Alimentario como la OMS recomiendan valores menores a 10 ppb. SANEAR cuenta con estudios que indican valores de 20 ppb, superiores a los establecidos en las guías aquí mencionadas y compartidas.”
A esto se suma otro dato que el municipio no niega: SANEAR reconoce valores de 20 ppb en sus mediciones, lo que excede las recomendaciones internacionales vigentes.
No es un debate técnico.
No es un dato confuso.
Es una contradicción oficial.
Una estrategia conocida: reducir el problema al mensajero
El gobierno local no niega la presencia de arsénico. Lo que niega es la legitimidad de quien lo mide. La objeción pública no fue sanitaria, sino administrativa: “carece de trazabilidad”, “es mentira”, “no tiene respaldo técnico”.
Mientras tanto, la Asamblea aporta estudios de universidades nacionales, organismos internacionales y legislación vigente. Su reclamo no es una denuncia al aire: es un pedido de información abierta y objetiva.
El rol del Estado: administrar el agua es administrar la confianza pública
El intendente Ratto (junto a SANEAR) prometió que publicará un sitio web con controles actualizados. Pero la pregunta que surge desde hace años es siempre la misma:
Si el municipio cuenta con la información,
si tiene estudios recientes,
si los valores son seguros…
¿por qué todavía no están publicados?
La transparencia no se anuncia: se ejerce. Y cuando el municipio elige desacreditar antes que mostrar datos, convierte una discusión sanitaria en una disputa política.
Cuando el Estado subestima a la ciudadanía organizada, pierde la comunidad
La Asamblea Socioambiental no es un actor improvisado ni un opositor partidario. Es una organización que investiga, consulta especialistas, cita fuentes y expone evidencia pública. Invalidarla no resuelve el problema: lo profundiza.
El costo de esa estrategia es claro: la confianza social se erosiona y las soluciones se postergan.
El agua no es un debate partidario. Es un derecho.
Hay dos hechos que hoy son innegables:
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El arsénico existe y fue medido.
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Hay valores que superan estándares internacionales.
Que el gobierno prefiera desacreditar estudios antes que transparentar información es una decisión política, no técnica.
Mientras tanto, la comunidad seguirá haciendo la misma pregunta que plantea la Asamblea:
Si el agua es segura, ¿por qué el Estado necesita convencer antes que demostrar?
Fuentes técnicas que cita la Asamblea
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Código Alimentario Argentino – Capítulo XII (Aguas potables y gasificadas):
Recomienda valores menores a 10 ppb. -
Guías para la calidad del agua de consumo humano – OMS:
Establecen 10 ppb como límite recomendado. -
Relevamiento nacional del ITBA:
66 municipios bonaerenses en riesgo por arsénico. - Se puede ver el informe completo en este link: Comunicado-calidad del agua Areco.
Dato clave:
SANEAR admite valores de 20 ppb en sus propios estudios, por encima de los estándares internacionales.
Cuando la comunicación oficial no comunica: el patrón Ratto
El manejo municipal del tema del arsénico no es un episodio aislado. Forma parte de un patrón más amplio en el gobierno de Francisco Ratto: la decisión sistemática de desautorizar a la sociedad civil cuando lo que exige es información pública.
La estrategia es conocida:
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Primero se desacredita la fuente.
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Después se apela al tecnicismo.
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Por último, se promete transparencia futura.
Nada de eso reemplaza la obligación del Estado de publicar los datos.
En Areco no falta información científica: falta decisión política. Porque abrir los controles no solo significaría demostrar seguridad. Significaría, además, reconocer la posibilidad de riesgo y asumirlo como un problema de gestión pública.
El municipio no necesita discutir con la Asamblea: necesita discutir con la evidencia.
Mientras tanto, la comunidad asiste a un modelo de comunicación en el que el agua se convierte en discurso y la salud en narrativa tranquilizadora. Pero el derecho al agua no se debate ni se relativiza.
Se publica. Se controla. Se comunica.
Y, sobre todo, se garantiza.
