Hogar San Camilo (parte 2): Carta al Presidente y una deuda que expone la crisis en discapacidad
El responsable del Hogar San Camilo elevó un reclamo formal al gobierno nacional por la deuda acumulada del programa Incluir Salud. El caso expone tensiones más amplias dentro de un sistema que no logra dar respuestas a tiempo.”Estamos en una situación muy crítica, si pasan tres meses sin cobrar, no me queda otra que cerrar”, sentenció el Padre Francisco Berola.
Mientras comienzan a registrarse movimientos en los circuitos de financiamiento a nivel provincial, la falta de respuestas desde programas nacionales y la desarticulación del sistema configuran un escenario donde la crisis no sólo persiste, sino que se profundiza.
El caso del Hogar San Camilo permite observar con mayor claridad el funcionamiento del sistema de discapacidad en la Argentina, atravesado por múltiples actores y con marcadas diferencias en sus niveles de respuesta.
En ese contexto, el propio Francisco Berola decidió dar un paso más y elevar una carta formal al presidente de la Nación, en la que expone de manera directa la situación crítica que atraviesa la institución y solicita su intervención.
En el documento, fechado el 25 de abril, describe el funcionamiento del hogar -donde residen 66 personas con discapacidades severas- y detalla el trabajo de un equipo interdisciplinario que sostiene la atención diaria bajo estándares exigidos por los propios organismos financiadores.
Pero el eje central del planteo es la deuda acumulada del programa nacional Incluir Salud, que según se detalla en la carta corresponde a varios meses de prestaciones ya realizadas y no abonadas. El monto total consignado supera los 446 millones de pesos, una cifra que, en ese esquema, compromete directamente la continuidad operativa del hogar.
La presentación no se limita a un reclamo administrativo. También incluye un pedido explícito de atención política al problema, con la intención de visibilizar una situación que, según se desprende del texto, no afecta únicamente a una institución sino a un conjunto más amplio de organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad.
El escenario descripto se inscribe en un contexto más amplio de reorganización del sistema a nivel nacional. En los últimos meses, distintos actores del sector vienen señalando demoras, cambios administrativos y dificultades en los circuitos de financiamiento vinculados a las prestaciones, en un esquema donde el Estado no solo regula los valores, sino que además actúa como principal pagador.
En ese marco, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) aparece como un actor central en la articulación de políticas públicas, aunque los procesos de revisión en curso y las transformaciones recientes generan incertidumbre en instituciones que dependen de esos ingresos para garantizar su funcionamiento.
Desde distintas organizaciones coinciden en que la combinación de aranceles desactualizados, aumento sostenido de costos y demoras en los pagos está generando un escenario de creciente tensión que atraviesa a buena parte del sector.
En ese entramado, lo que ocurre en el Hogar San Camilo expone algo más que una crisis financiera. La necesidad de recurrir a instancias formales como una carta dirigida al Presidente de la Nación da cuenta de un sistema que continúa funcionando, pero bajo condiciones cada vez más frágiles y con niveles de respuesta que no logran acompañar la demanda.
“Estamos en una situación muy critica, si pasan tres meses sin cobrar, no me queda otra que cerrar”, sentenció el Padre Francisco Berola.
