Calabrono: “El Ejecutivo les dijo a sus concejales de La Libertad Avanza que no se junten con los vecinos”
Vecinos inundados, concejales silenciados y un Ejecutivo que ordena no escuchar
El conflicto por los rellenos, las inundaciones y el avance de emprendimientos cuestionados en San Antonio de Areco dejó de ser solo un reclamo ambiental o vecinal. Según denunció el referente barrial Fabián Calabrono, el Ejecutivo municipal habría dado la orden directa a sus concejales de La Libertad Avanza para que no se reúnan con los vecinos afectados, una decisión que expone una situación de extrema gravedad institucional: el Poder Ejecutivo condicionando y disciplinando el accionar de otro poder del Estado, el Legislativo.
En un sistema democrático, el rol de un concejal no es obedecer al intendente, sino representar a los vecinos, legislar, controlar al Ejecutivo y exigir explicaciones cuando las decisiones afectan a la comunidad. Que un bloque político decida no escuchar a los vecinos por una “bajada de línea” no es un detalle menor: es la anulación, en los hechos, de la función de representación.
“El Ejecutivo les dijo a sus concejales de La Libertad Avanza que no se junten con los vecinos.”
La frase, pronunciada sin rodeos por Calabrono, sintetiza el punto más crítico del conflicto.
Reuniones truncas y bloques fragmentados
El proceso de diálogo comenzó con una reunión con los concejales radicales, que participaron en su totalidad. Luego fue el turno de Fuerza Patria, aunque en ese encuentro solo estuvo presente la concejal Viviana Sorchilli. Calabrono explicó que hubo un “malentendido” interno, aunque calificó la situación como “rara” y destacó que, al menos, Sorchilli dio la cara frente a los vecinos.
Sin embargo, una fuente confiable confirmó que el resto de los concejales de Fuerza Patria no fueron avisados de la reunión y que, al enterarse, se comunicaron directamente con Calabrono para pedir ser convocados como bloque completo, no a través de intermediarios. La interna política volvió a cruzarse con un reclamo que, para los vecinos, debería estar por encima de cualquier especulación partidaria.
El último intento fue con La Libertad Avanza. Durante dos semanas, los vecinos recibieron excusas y dilaciones. Finalmente, el sábado por la mañana llegó la respuesta definitiva: no habría reunión. El motivo no fue la agenda ni la falta de voluntad, sino una decisión tomada en una reunión previa entre concejales y el Ejecutivo municipal.
Cuando el Ejecutivo manda y el Legislativo acata
La revelación generó indignación incluso en el intercambio periodístico. ¿Qué rol cumplen los concejales si no pueden escuchar a los vecinos sin autorización del intendente? ¿Dónde queda la independencia de poderes?
Calabrono fue claro: la orden no surgió de los bloques, sino del Ejecutivo. No se informaron nombres propios, pero sí el contenido del mensaje: no reunirse con los vecinos.
Para los vecinos, el mensaje es doblemente grave. No solo se les niega el diálogo, sino que se confirma que el Concejo Deliberante funciona, al menos en parte, como una extensión obediente del Ejecutivo, en lugar de como un órgano de control.
“No somos revoltosos”: el miedo como herramienta
Ante la idea de que los vecinos serían “conflictivos”, Calabrono desarmó el argumento con hechos. Aseguró que jamás hubo agresiones, insultos ni violencia, y que todos los reclamos se hicieron con respeto. Sin embargo, admitió que existe un clima de miedo.
“Algunos tienen miedo porque ya tuvieron represalias de parte del intendente.”
El temor no es abstracto. Comerciantes, vecinos y trabajadores temen consecuencias por “exponerse”, participar o poner la cara. Según Calabrono, ese miedo paraliza a muchos, aunque no a todos. Él mismo aseguró no temerle a nadie, pero reconoció que no todos están en la misma situación.
El reclamo de fondo: rellenos, inundaciones y negocios
El eje del reclamo vecinal es concreto: no inundarse más. Los vecinos cuestionan la continuidad de rellenos en zonas sensibles, el avance de loteos en áreas inundables y la falta de explicaciones técnicas y políticas.
La intención original era reunir a todos los bloques y luego al intendente para discutir qué se hizo, qué se está haciendo y cómo seguir de ahora en adelante. Ese diálogo nunca ocurrió.
Calabrono fue contundente al señalar responsabilidades: “Los concejales son parte del problema y de la solución.”
También apuntó al desorden normativo, a las ordenanzas que se aprueban y luego no se cumplen, y a las modificaciones constantes del Código de Ordenamiento Territorial (COT), que -según denunció- responden a intereses inmobiliarios.
“El negocio inmobiliario tiene más fuerza que la gente común y te pasa por arriba.”
Nombres propios y beneficiados
Uno de los pasajes más duros fue cuando Calabrono puso nombre y apellido a quien, según él, se benefició tras frenar una obra clave durante años.
Denunció que Carballido judicializó una obra vinculada al río durante cuatro años, perjudicando a los vecinos, y que hoy es uno de los principales beneficiados, avanzando con rellenos en campos linderos a la Ruta 41, en zonas que ya demostraron inundarse.
La contradicción, para los vecinos, es evidente: quien frenó una obra que podía mitigar inundaciones, hoy se beneficia del nuevo escenario.
Sin respuestas y con puertas cerradas
Lejos de abrir el diálogo, el Ejecutivo habría derivado los reclamos a la UNSAdA, una decisión que los vecinos consideran absurda. “¿Qué tiene que ver la universidad con el río?”, se preguntan.
El intendente, aseguran, prometió que la tierra extraída no se usaría para negocios inmobiliarios. Sin embargo, los vecinos desconfían. La experiencia les indica que el poder económico termina imponiéndose sobre la palabra política.
Lo que viene
Ante la falta total de respuestas, algunos barrios evalúan presentar un recurso de amparo, aunque el costo económico y la falta de garantías generan dudas. Para Calabrono, el problema no es un emprendimiento puntual, sino el relleno: quién lo autoriza, con qué aval técnico y si existe un estudio de impacto ambiental serio e independiente.
El cierre del reclamo no fue moderado ni diplomático. Fue un llamado directo a la acción. “Hay que poner testículos y ovarios, ir a la municipalidad, ir al consejo, poner la cara, habrá que tomar otras actitudes”.
Hoy, la situación es clara: los vecinos piden explicaciones y el poder político las niega. Cuando el Ejecutivo ordena callar y sus concejales obedecen, el problema ya no es solo una inundación. Es la democracia local la que empieza a quedar bajo agua.






