Pirotecnia en las fiestas: qué dice la ley, cómo se controla y cuáles son los límites reales
Con la llegada de las fiestas de fin de año, el uso de pirotecnia vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. En la Provincia de Buenos Aires y en San Antonio de Areco rigen normas que prohíben la pirotecnia sonora, aunque cada celebración deja en evidencia que el desafío no es solo legal, sino también operativo y cultural.
Una ley provincial vigente
En todo el territorio bonaerense se encuentra en vigencia la Ley Provincial N.º 15.406, sancionada en 2023.
La norma:
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Prohíbe el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro.
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Permite únicamente pirotecnia lumínica, sin estruendos.
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Habilita a los municipios a dictar ordenanzas más restrictivas.
San Antonio de Areco: prohibición local
En el plano local rige la Ordenanza Municipal N.º 4172/16, que prohíbe la fabricación, comercialización, venta, uso, transporte y depósito de pirotecnia sonora en todo el partido.
El secretario de Seguridad, Ramón Ojeda, explicó que la prohibición alcanza a “todos los fuegos de artificio que hagan tipo explosión”, mientras que los productos lumínicos están permitidos.
“Los que provocan ruidos, los petardos, los que provocan estallidos, no, eso está prohibido”, afirmó.
Según indicó, las inspecciones realizadas en comercios locales no detectaron venta de pirotecnia sonora, y los negocios tradicionales solo comercializan fuegos lumínicos. Además, señaló que distinguir entre uno y otro tipo “es muy sencillo, a simple vista”.
Una contradicción evidente
Pese a esos controles, el propio funcionario reconoció que durante la noche del 24 de diciembre la cantidad de explosiones fue muy alta.
Para Ojeda, esos fuegos artificiales no habrían sido adquiridos en la ciudad, sino que “indudablemente fueron traídos de otros lugares”, mencionando incluso la existencia de puestos callejeros en distritos vecinos.
Redes sociales y un camino complejo para actuar
Otro punto sensible es la venta de pirotecnia a través de redes sociales, especialmente Facebook, donde se publican ofertas y números de contacto.
Ojeda explicó que la actuación no es inmediata:
“Si la autoriza la Justicia, se puede actuar”.
El procedimiento implica evaluar el tipo de perfil, informar a la Justicia y, en caso de corresponder, solicitar un allanamiento, lo que vuelve largo y complejo el proceso, aun cuando la oferta sea visible.
Controles en los barrios y límites operativos
El secretario también reconoció que no es posible responder a cada denuncia por uso de pirotecnia.
“Imaginate que con los móviles que tenemos, por cada petardo que suene tengamos que ir corriendo. Es imposible”.
Durante las fiestas, explicó, la prioridad está puesta en la seguridad general, sobre todo por la gran cantidad de viviendas deshabitadas. La intervención directa suele darse solo en casos de flagrancia, cuando un patrullero se encuentra circunstancialmente con la infracción.
Sanciones y denuncias
Ante la venta ilegal, se procede al decomiso inmediato de la mercadería y a la infracción correspondiente. En los casos de uso, la situación puede derivar en una contravención, con intervención del Juzgado de Faltas o del juez de Paz, según las circunstancias.
“No es una simple multa de tránsito; acá está en juego la salud de las personas y de los animales”, remarcó Ojeda.
Sin embargo, también admitió que muchas situaciones no llegan a denunciarse, ya que los vecinos evitan conflictos con personas cercanas.
El eje en la conciencia social
El mensaje final del funcionario pone el acento en la educación y la responsabilidad individual, destacando los riesgos para quienes manipulan pirotecnia, para bebés, personas con discapacidad y para los animales.
“Es un problema que ha quedado demostrado que es realmente perjudicial para la salud humana y animal”.
En otras provincias, sanciones severas
El panorama local contrasta con lo que ocurre en otros puntos del país, donde la pirotecnia sonora tiene consecuencias económicas muy fuertes:
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Neuquén: la Ley N.º 3371 prohíbe todo tipo de pirotecnia y prevé multas que pueden superar los 70 millones de pesos, además de decomisos y clausuras.
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San Luis: municipios como Villa Mercedes aplican la política de “pirotecnia cero”, con sanciones económicas elevadas y reincidencias agravadas.
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Misiones: prohibición total desde 2010, con controles permanentes.
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Tierra del Fuego: en Ushuaia está prohibida la venta, uso y tenencia, con operativos intensivos en fechas clave.
Un desafío que va más allá de la ley
El panorama deja en claro que la prohibición de la pirotecnia sonora existe y está vigente, tanto a nivel provincial como local, pero también expone las dificultades para garantizar su cumplimiento efectivo. Entre controles limitados, procesos judiciales y la necesidad de denuncias, el desafío pasa por reforzar los mecanismos que permitan que la norma se traduzca en hechos concretos.
Más allá de la concientización y de las limitaciones operativas reconocidas, no se descarta que en el futuro se avance hacia un endurecimiento del régimen sancionatorio, en línea con lo que ya ocurre en otras provincias donde la pirotecnia sonora implica multas millonarias, decomisos inmediatos y controles estrictos.
El antecedente de esos distritos marca un camino posible: cuando la norma deja de ser solo una declaración y se traduce en sanciones concretas, el mensaje es claro y el cumplimiento aumenta. El desafío local será lograr que la prohibición no quede solo en la letra de la ley, sino que se refleje en unas fiestas verdaderamente sin estruendos.
