El agua del poder: quién decide en Areco cuando se discute el futuro del río

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El acuerdo firmado este miércoles entre la Municipalidad de San Antonio de Areco y la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA), en el marco del Plan de Reducción de Riesgo por Inundaciones, abrió un nuevo capítulo de fricción política entre el oficialismo y la oposición.

Minutos después del acto, el concejal de Fuerza Patria Areco, Nicolás Marincovich, expresó su malestar por la decisión del Ejecutivo de no permitir el ingreso de Agustín Casares al despacho municipal durante la firma del convenio. Casares -ex funcionario y dirigente de Unión por Areco- fue quien gestionó hace más de un año, ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un financiamiento de $50 millones para actualizar el Código de Ordenamiento Territorial y el Plan de Manejo Hídrico, un proyecto que, según denunció Marincovich, el municipio nunca firmó para concretar.

Desde las redes de Fuerza Patria Areco se publicó un mensaje en tono conciliador pero crítico hacia el gobierno local:

“Queremos la actualización del Plan de Manejo Hídrico, los nuevos protocolos para hacerle frente a las inundaciones y la participación de los vecinos y vecinas. Estamos de acuerdo con el convenio que firmaron hoy el Municipio y la UNSADA, pero se puede hacer mucho más.”

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete, Miguel Amadeo, volvió a desestimar la necesidad de que el convenio pase por el Concejo Deliberante. Según relató Marincovich, la respuesta fue la misma de siempre: “No hace falta.”

El concejal opositor consideró la negativa una muestra más de la falta de diálogo institucional. “Primero no dejaron entrar a Agustín Casares, que fue quien gestionó el financiamiento original para este tipo de proyectos. Y ahora nos dicen que no corresponde que el Concejo intervenga”, señaló. También advirtió que el convenio “no especifica cifras ni montos” y que se limita a mencionar que “cada parte realizará los aportes requeridos”, sin mayores precisiones.

Aun así, Marincovich aclaró que su espacio no se opone al convenio: “Estamos absolutamente de acuerdo con que se trabaje en un protocolo claro. Lo pedimos hace mucho, lo piden los vecinos. Pero queremos participar en el desarrollo de ese plan, no solo en la foto.”

El dirigente detalló que Fuerza Patria Areco había propuesto la incorporación de Franco Ciaffardini, especialista en medio ambiente y docente de la UNSADA, al equipo técnico que trabajará sobre el plan, pero el Ejecutivo rechazó la propuesta. “Nos dijeron que no corresponde. Lo mismo pasó cuando pedimos que intervenga Hidráulica de la Provincia, que conoce la cuenca del río Areco. Otra vez, la respuesta fue ‘no’.”

Mientras el rector de la UNSADA habla de participación ciudadana y trabajo colaborativo, el jefe de Gabinete Miguel Amadeo impide la entrada de quien —aunque no ocupe un cargo legislativo— es un ciudadano y forma parte del directorio de Sanear en representación de la oposición, además de haber gestionado los fondos que permitirían al pueblo prepararse ante futuras inundaciones.

“No corresponde que entre”, fue la frase con la que Amadeo cerró el paso a Agustín Casares, según confirmaron testigos del encuentro.

La oposición no cuestiona el contenido del convenio, sino el método: por qué no permitir el debate en el Concejo Deliberante, por qué concentrar las decisiones en un círculo tan cerrado, por qué negar la participación a quienes podrían aportar soluciones concretas a un problema que los arequeros conocen demasiado bien.

Por qué Amadeo dice que “no hace falta”

La frase del jefe de Gabinete, Miguel Amadeo, tiene más peso político que administrativo.
Formalmente, el convenio entre el Municipio y la UNSADA podría considerarse un acuerdo técnico y, bajo esa interpretación, no requeriría la aprobación del Concejo Deliberante. Pero el texto menciona que “cada parte realizará los aportes requeridos”, una cláusula que abre la puerta a compromisos económicos y decisiones de gestión que sí deberían ser revisadas por el poder legislativo local.

En el fondo, la negativa responde a una estrategia de control: mantener el protagonismo dentro del Ejecutivo, evitar que la oposición participe del diseño del plan y blindar la gestión ante eventuales debates públicos.
Más que un asunto legal, es una decisión política para cerrar filas en torno a un tema sensible -el manejo del riesgo hídrico- donde el consenso social y técnico debería ser prioridad.

La escena, más que administrativa, fue política. Porque detrás de ese gesto se esconde una lógica de poder que se repite: la que confunde gobierno con propiedad.
Incluso cuando el rector de la UNSADA, Jerónimo Ainchil, habló de participación ciudadana y colaboración institucional, el mensaje del Ejecutivo fue otro: cerrar filas, no abrirlas.

Y la pregunta inevitable resuena entre funcionarios, vecinos y hasta dentro del propio oficialismo:

¿Por qué el intendente Francisco Ratto permite que su jefe de Gabinete tome decisiones que deberían responder directamente al Intendente?
¿Quién gobierna realmente Areco?

Mientras tanto, la gente espera.
Esperan los que viven cerca del río, los que todavía guardan bolsas de arena en el fondo de casa, los que aprendieron a dormir con un ojo en el cielo.
Esperan que, de una vez, la política local deje de discutir quién firma y empiece a resolver cómo se protege a un pueblo que ya se inundó demasiadas veces.

Porque Areco, más que nunca, necesita a todas las fuerzas políticas unidas para anticiparse a la próxima lluvia.
Y sin embargo, la unidad fue lo primero que se dejó afuera.