Allanamientos por motos: una medida ilegal que genera polémica en la región
¿Seguridad vial real o abuso de autoridad? La polémica por los allanamientos y el endurecimiento de controles a motos en la región
Mientras municipios anuncian mano dura contra motos en infracción, con controles extremos y posibles allanamientos, crece el debate sobre los límites legales de estas medidas y si se trata de prevención real o de abuso de poder disfrazado de seguridad vial.
El descontrol de motos con escapes modificados, ruidos molestos y maniobras peligrosas se repite en distintas ciudades de la zona. Frente al creciente malestar social por los riesgos en la vía pública, varios municipios anunciaron medidas cada vez más duras para frenar esta problemática.
Sin embargo, detrás de los operativos, multas y anuncios de allanamientos, surge una pregunta clave: ¿Se trata de políticas reales de seguridad vial o de acciones que rozan -o directamente cruzan- los límites legales?
Mano dura en Salto
En Salto, el endurecimiento de los controles fue anunciado por el intendente interino Camilo Alessandro, quien se encuentra al frente del municipio de manera temporal debido a una licencia del intendente titular, su padre.
Durante este período, Alessandro asumió la conducción política de la ciudad y lanzó una serie de medidas contra las infracciones de tránsito, especialmente vinculadas a las motos: operativos en la vía pública con fuerzas policiales y tránsito municipal, seguimiento por cámaras de monitoreo y la posibilidad de avanzar con allanamientos en domicilios donde se detecten vehículos en infracción.
Además, advirtió que los padres de menores infractores podrían ser sancionados y no se les permitiría renovar la licencia de conducir si no concurren al Juzgado de Faltas.
“Seremos inflexibles”, fue el mensaje oficial.
Medidas similares en Carmen de Areco
Una situación parecida se vive en Carmen de Areco, donde el municipio también reforzó los controles ante el descontrol de motos, muchas veces protagonizado por jóvenes.
El esquema anunciado incluye detección por cámaras o en la vía pública, citaciones judiciales y la posibilidad de ordenar allanamientos para secuestrar vehículos.
Desde el municipio aseguran que el objetivo es recuperar la tranquilidad y cuidar la vida de los vecinos.
Lo que permite la ley… y lo que genera polémica
La normativa vigente habilita a los municipios a realizar controles, labrar infracciones, secuestrar motos en la vía pública y aplicar multas o inhabilitaciones.
Pero el punto conflictivo aparece con los allanamientos domiciliarios como castigo por infracciones administrativas.
En Argentina, el domicilio es constitucionalmente inviolable y solo puede ingresarse con una orden judicial fundada en una causa penal concreta.
Por eso, utilizar allanamientos como herramienta automática se mueve en una zona legal muy frágil y puede derivar en abuso de autoridad.
Impunidad en la calle y bronca social
La realidad que se vive en esta y la mayoria de las ciudades se suma algo que indigna a vecinos y familias: muchos de estos chicos y chicas se burlan de los controles porque saben que, en la práctica, las consecuencias son mínimas. A veces les secuestran la moto y nada más.
El municipio de Areco publica en redes sociales cómo rompe escapes y anuncia multas, pero la mayoría de esas sanciones no se pagan porque los infractores ni siquiera vuelven por sus motos: directamente se compran otra y siguen circulando como si nada.
Esa falta de castigos reales alimenta el descontrol. Las calles se convierten en un juego peligroso hasta que ocurre lo peor. Y cuando pasa, aparecen las víctimas que podrían haberse evitado.
Detrás de muchos de estos jóvenes hay adultos -padres, madres o familiares- que permiten, financian o miran para otro lado, incluso cuando los conductores ya son mayores de edad. Sin consecuencias para ellos tampoco, el círculo de irresponsabilidad se repite una y otra vez.
Un camino posible: controlar sin abusar
El descontrol de motos es una problemática real que necesita respuestas firmes, pero dentro de la ley. Existen herramientas probadas que muchos municipios ya aplican con resultados concretos.
El uso inteligente de cámaras para detectar maniobras peligrosas y cursos obligatorios de educación vial como condición para recuperar los vehículos.
Son medidas legales, sostenidas en el tiempo y mucho más efectivas que anuncios extremos que luego no pueden aplicarse.
La seguridad vial no se construye con golpes de efecto, sino con presencia constante del Estado y sanciones reales.
Los municipios que lograron ordenar el tránsito lo hicieron con políticas sostenidas: controles diarios, sanciones claras, secuestros efectivos y educación vial.
El reclamo de calles más seguras es legítimo. Y necesario. La respuesta del Estado también debe serlo.
Porque no todo vale en nombre de la seguridad.
