Investigación Salud Mental: Cuando el alta médica es una sentencia de abandono

Seis de cada diez adolescentes en Argentina están bajo tratamiento de salud mental, según el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA-UBA). En San Antonio de Areco no hay cifras oficiales, pero la crisis se ve: jóvenes sobremedicados, altas sin seguimiento y familias solas ante un sistema que se retira cuando más se lo necesita.

Seis de cada diez adolescentes argentinos están bajo tratamiento de salud mental según el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA-UBA). En localidades como San Antonio de Areco, esa realidad se percibe con nitidez, aunque las estadísticas oficiales no existen. Lo que no se cuenta, se ve: salas de espera colapsadas, jóvenes sobremedicados, tratamientos que se cortan sin aviso. La Ley Nacional de Salud Mental, aunque bien planteada, se vuelve inaplicable en territorios donde no hay dispositivos comunitarios ni continuidad real del tratamiento. Solo altas médicas que, en vez de liberar, desamparan.

Sofía Lofreda tiene 18 años y estuvo en tratamiento durante dos. Desde 2023, abandonó toda terapia. “Mi psicóloga ya no me entendía y me daba cita una vez al mes, y la psiquiatra decidió darme el alta porque ya nada de lo que me recetaba me servía”, cuenta. Fue abusada sexualmente por su padre biológico, y desde entonces arrastra una profunda dificultad para gestionar la ira: en pocos años acumuló cinco denuncias penales por lesiones graves.

“Ahora me volví a sentir como al principio del tratamiento, hay días que me siento perdida, sin salida y otros todo lo contrario. Necesito estar ocupada así mis pensamientos no me ganan”, dice Sofia.

Cumplir 18 años ya no es una fiesta, sino una frontera. “Siento que no puedo más, yo no me puedo ir de acá (del Hospital Zerboni de Areco) sin una derivación”, suplicaba Silvina Abal, mamá de Lorenzo Castex. el día en que su hijo cumplía la mayoría de edad y fue dado de alta sin seguimiento y sin red. Días después se descompensó: agredió a su familia, fue trasladado al hospital en ambulancia, con patrullero incluido, y quedó internado 24 horas. Solo.

Lorenzo padece un retraso madurativo, pero eso no impidió que el sistema lo soltara. La obra social IOMA había aprobado una derivación conseguida por la familia y que jamás se concretó. Hoy, la batalla es que la obra social pague un remis que lo lleve a Luján, al Centro de Día del Hospital Ramón Carrillo (ex Colonia Montes de Oca).

El viaje a Luján —60 kilómetros desde San Antonio de Areco— lo paga la familia mientras la mutual demora en garantizar el traslado. Cada viaje cuesta entre $10.000 y $12.000 por tramo, lo que implica un gasto total de alrededor de $24.000 por día, sin contar el tiempo de espera del remisero, considerando que Lorenzo puede pasar hasta cinco horas en el centro de día. Si asiste cinco veces por semana, el costo mensual supera los $500.000.

“La lucha ya no es contra la enfermedad, es contra IOMA pidiendo un remis”, lamenta esta madre. “Te dicen que IOMA funciona bárbaro, pero a la gente le piden que google dónde hacerse un estudio. Y uno va apagando incendios como puede”.  Y mientras el sistema posterga respuestas, las consecuencias físicas aparecen antes de los 20 años: hipertensión, obesidad, disfunciones hormonales y una despersonalización que duele.

Alma a los 15 años cuando dejó de hablar, de comer, de querer vivir. Su mamá, Josefina Lofredo, pensó que era una crisis pasajera. “Durante años no pudimos saber qué le pasaba. No decía nada”, recuerda Josefina. Fue recién en una internación prolongada que Alma pudo empezar a hablar. “Ella contó que había sido abusada por alguien de nuestro entorno, mientras yo trabajaba. Se lo había guardado todo ese tiempo”, contó la mamá.

Con diagnósticos de esquizoafectividad, depresión severa y trastorno de la personalidad, Alma llegó a tomar múltiples psicofármacos. “Había días en que no sabía si iba a poder levantarse”, dice su madre. El cambio vino cuando pasaron al sistema privado: un equipo que ajustó dosis de medicamentos y reconstruyó confianza. “De no querer vivir, pasó a tener un proyecto”, dice Josefina.

Alma ya cumplió los 18 años. Sigue en tratamiento, toma una medicación inyectable mensual, trabaja, participa en la iglesia y quiere estudiar psicopedagogía. “Tiene días malos, pero ahora sabe cómo gestionar esos momentos. Y lo más importante: quiere un futuro”.

Pero eso no pasa con todos. No todos logran salir del sistema público. No todos acceden a un equipo que escuche, que contenga, que sostenga.

Catalina tiene 17 años y lleva cinco en tratamiento por Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).  “Me sentía medio No persona”. Estaba sobremedicada. Lo peor era que no podía sentir nada”, relata, y agrega: “El estigma sobre la salud mental aleja a la gente del tratamiento”.

Desde la Provincia aseguran que se trabaja todos los días para transformar el sistema. “Hay una decisión política fuerte”, declaró Agustín López, jefe de gabinete de Hospitales Bonaerenses y concejal de San Antonio de Areco. Detalló que desde el Ministerio de Salud se articula con más de 100 hospitales bajo la rectoría descentralizada de la Subsecretaría de Salud Mental, con el objetivo de fortalecer equipos, acompañar a los pacientes en el pasaje institucional y garantizar dispositivos de externación.

Sin embargo, a nivel local, reconoce que los pedidos de informe sobre el hospital Zerboni suelen ser rechazados por la mayoría oficialista del Concejo Deliberante. De esta manera, la responsabilidad se diluye entre Provincia y Municipio. Hay diagnósticos y promesas. Pero en la práctica, nada se implementa.

Soledad Aranda, directora de Salud Mental de Areco, afirma que el hospital recibe pacientes “de otras provincias y países”. Pero lo que se ve y se demuestra es que ni siquiera puede contener a los propios: no hay hospital de día, ni guardia psiquiátrica, ni profesionales especializados. La única psiquiatra infanto-juvenil viene una vez por semana desde Baradero.

Julia Grandelmeier fue enfermera del área de salud mental del hospital Zerboni. “Fui la única que se quedó en el área. Aguanté un año”, recuerda. Durante meses trabajó sin respaldo de las autoridades. “Yo no podía ver más cómo probaban medicación con los chicos. No hay infraestructura, no hay equipo capacitado. Sólo cuerpos que sostienen lo que el sistema abandona”, enfatizó.

El psiquiatra Luis Giménez propuso la creación de un centro para adolescentes de 13 a 21 años en Areco, con un equipo interdisciplinario y un enfoque comunitario. También diseñó un programa de prevención en barrios.  Ninguna de sus ideas fue escuchada.

Y un día los adolescentes salen del hospital con una carpeta de indicaciones, una bolsa de medicamentos y el sueño de tener una vida. Pero afuera, nadie los espera. El alta no es un alivio. Es una sentencia de abandono.