Amenazas, insultos y una denuncia que sacudió a Areco: la otra cara del rescate de los galgos

En pocas líneas

• La inédita entrega judicial de dos galgos utilizados presuntamente para la caza ilegal en San Antonio de Areco derivó en una ola de insultos, amenazas y acusaciones contra Corazones Vagabundos, la asociación designada por la Justicia para resguardar a los animales.
• Desde la entidad aclararon que no realizaron la denuncia y que actuaron únicamente como depositarias judiciales.
• Además, denunciaron que los perros presentaban lesiones y signos de deterioro compatibles con situaciones de maltrato y sobreexigencia.
• Mientras la causa avanza, el caso reabrió un fuerte debate local sobre la utilización de galgos para la caza y la violencia que enfrentan quienes intervienen en la protección animal.

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Lo que comenzó como un procedimiento judicial inédito en San Antonio de Areco terminó exponiendo una realidad mucho más incómoda que la situación de dos galgos utilizados para la caza ilegal: el nivel de violencia que recibió la organización proteccionista que intervino por pedido de la Justicia.

Tras la decisión de la Fiscalía y de la Patrulla Rural de secuestrar dos perros galgos hallados en un campo privado donde presuntamente eran utilizados para la caza, la asociación Corazones Vagabundos fue designada como depositaria judicial de los animales hasta que se resuelva la causa.

Sin embargo, lejos de recibir apoyo unánime, la organización quedó en el centro de una catarata de agresiones.

Una de sus integrantes relató que, desde que los perros quedaron bajo resguardo de la asociación, comenzaron a llegar insultos, amenazas y acusaciones de todo tipo. Según explicó, muchas personas a favor del uso de los animales interpretaron erróneamente que la entidad había impulsado la denuncia o provocado el procedimiento judicial, cuando en realidad intervino únicamente porque la Justicia le solicitó recibir a los animales.

Pero detrás de la polémica aparece otro dato que incomoda a quienes intentan minimizar el caso.

Según indicó la referente proteccionista, los galgos fueron revisados por profesionales veterinarios y presentaban distintas afecciones físicas. Uno de ellos tendría una posible hernia y ambos mostraban signos compatibles con sobreexigencia y dolor. Explicó además que tenían dificultades para manipularles algunas extremidades debido a las reacciones provocadas por el sufrimiento físico que padecen.

La integrante de Corazones Vagabundos sostuvo que los perros presentan cortes y lesiones, y que, pese a su corta edad, muestran un deterioro físico que no se corresponde con animales jóvenes. También denunció prácticas habituales vinculadas a la caza con galgos, como restringirles la alimentación durante horas para aumentar su predisposición a perseguir presas.

La organización remarcó que este procedimiento representa un antecedente histórico para Areco, ya que es la primera vez que una causa de estas características deriva en el secuestro judicial de perros utilizados para la actividad cinegética. Según explicó, la medida se adoptó porque existiría una presunta violación a la legislación de protección de la fauna silvestre.

Un debate que excede a dos perros

Las declaraciones también dejaron al descubierto una grieta profunda en la comunidad respecto de qué se considera maltrato animal.

Mientras algunos sectores sostienen que los perros estaban “bien cuidados” porque no presentaban un estado extremo de desnutrición, desde la asociación remarcan que el problema no pasa únicamente por el aspecto físico visible, sino por las condiciones de vida, la explotación para la caza y las lesiones que suelen acumular estos animales.

La proteccionista recordó además antecedentes ocurridos en la zona, incluyendo rescates de galgos abandonados con heridas graves y el hallazgo de perros ahorcados en 2021, situaciones que, según señaló, evidencian una problemática que existe desde hace años.

Entre amenazas y deudas

Como si la situación no fuera suficientemente compleja, Corazones Vagabundos atraviesa además una importante deuda veterinaria que, según informó, ronda los ocho millones de pesos. La entidad lanzó una rifa solidaria para afrontar esos gastos y desmintió las acusaciones que circulan en redes sociales sobre un supuesto beneficio económico personal. Aseguran que todo el trabajo es voluntario y que los fondos se destinan íntegramente al cuidado de los animales rescatados.

Lo ocurrido deja una pregunta para San Antonio de Areco: mientras la Justicia investiga una presunta infracción vinculada al uso de galgos para la caza, ¿cómo se explica que quienes aceptaron colaborar con una medida judicial terminen recibiendo amenazas e insultos?

Porque más allá de lo que determine la causa, hay un dato que ya quedó expuesto: dos perros fueron secuestrados por orden judicial. Y quienes los recibieron para cumplir con esa disposición terminaron convirtiéndose, para algunos, en el blanco de una furia que parece buscar culpables en cualquier lado, menos donde la Justicia decidió mirar.