ANDIS, discapacidad y la asfixia financiera del Hogar San Camilo
Declaraciones del Padre Francisco Berola en el Programa “De Pura Sceppa”
Atraso en aranceles, deudas millonarias y cambios en la política nacional de discapacidad dejaron al límite a una residencia clave para personas con alta dependencia en el país.
Un hogar al límite por deudas del Estado
El Hogar San Camilo, aloja a personas con discapacidades severas, atraviesa una crisis crítica producto de una combinación de factores: atraso en los valores que paga el Estado, demoras en los pagos y las transformaciones impulsadas en el sistema de discapacidad durante el gobierno de Alberto Fernández y Javier Milei.
La institución acumula una deuda cercana a los 500 millones de pesos entre pagos adeudados por el ex ANDIS y PAMI, en un esquema donde su funcionamiento depende casi por completo de esos ingresos.
Con 66 residentes y alrededor de 90 trabajadores, el hogar brinda atención integral las 24 horas -alojamiento, alimentación, enfermería, medicamentos y rehabilitación- sin cobrar a las familias, lo que lo vuelve totalmente dependiente del financiamiento público. Para sostenerse, tuvo que recurrir a sus ahorros, hoy prácticamente agotados.
El cuadro se agrava por un problema estructural: durante 2024, los aumentos del nomenclador oficial quedaron por debajo de la inflación, lo que implicó una pérdida real de ingresos para todo el sistema. A ese atraso se sumaron demoras en los pagos de organismos clave como PAMI e Incluir Salud, en un contexto atravesado por la intervención de la ANDIS, auditorías masivas sobre pensiones y su posterior absorción dentro del Ministerio de Salud en 2026.
El impacto es directo en instituciones donde el principal gasto son los salarios y las cargas sociales, en un esquema donde los ingresos llegan tarde y valen menos.
El Estado fija precios pero no cubre los costos
El Hogar San Camilo no es un caso aislado sino una expresión de cómo funciona el sistema. Desde su creación, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) concentró el diseño de políticas de discapacidad, el otorgamiento de pensiones y la articulación con prestadores. Tras su absorción en 2026, esas funciones pasaron al Ministerio de Salud, que hoy administra pensiones, el programa Incluir Salud, el registro de prestadores y los mecanismos de compensación.
Ese esquema está regido por la Ley 24.901, que fija un sistema de prestaciones básicas con aranceles definidos por el Estado. En la práctica, los hogares no fijan sus precios: dependen de valores oficiales y de pagos estatales o paraestatales como PAMI o Incluir Salud.
Se los considera financiadores “paraestatales” porque, aunque no son empresas privadas, tampoco funcionan como ministerios. En el caso de PAMI, es un organismo con cierta autonomía pero financiado y regulado por el Estado. Incluir Salud, en cambio, es directamente un programa estatal.
En ambos casos, operan con fondos públicos y reglas definidas por el Estado, por lo que en la práctica funcionan como pagadores públicos dentro del sistema.
Entonces, se los llama “paraestatales”: porque, aunque no son organismos estatales clásicos, funcionan con fondos públicos y bajo reglas definidas por el Estado. Tanto PAMI como Incluir Salud actúan en la práctica como pagadores públicos dentro del sistema.
Reorganización, auditorías y recorte en discapacidad
Desde diciembre de 2023, la política de discapacidad atravesó una serie de reestructuraciones: cambios de órbita, intervención de la agencia en 2025 y su posterior centralización en Salud en 2026. En paralelo, el Gobierno impulsó auditorías masivas sobre pensiones no contributivas, con cientos de miles de revisiones y suspensiones, en un proceso que combinó control administrativo con recorte del gasto.
Aranceles atrasados y pagos demorados: el nudo de la crisis
En ese contexto, el problema central no fue solo la demora en los pagos sino el atraso de los valores. Durante 2024, los aumentos del nomenclador quedaron por debajo de la inflación anual, generando un desfasaje que el propio Estado reconoció después mediante una compensación de emergencia.
A ese deterioro se sumaron atrasos en la liquidación de prestaciones. Prestadores de todo el país denunciaron deudas, dificultades para pagar salarios y proveedores que dejaron de entregar insumos, configurando un escenario general de quebranto.
Un sistema que empuja al colapso a los prestadores
En instituciones de alta dependencia como San Camilo, donde los costos son fijos y diarios cualquier atraso de meses se vuelve crítico. La combinación de aranceles atrasados, pagos demorados y cambios administrativos constantes termina generando un mismo resultado: menos ingresos reales, más deuda y riesgo de interrupción en la atención.
